A veces las advertencias llegan tarde, o mejor dicho, llegan, pero no se escuchan. Ahora, con la empresa Aconcagua Energía en default técnico, los bloques legislativos del Partido Justicialista–Nuevo Encuentro y Vamos con Todos pidieron a la Secretaría de Energía de Río Negro lo que vienen pidiendo desde hace meses: los expedientes completos, los números reales y las garantías que nunca aparecieron.
La compañía, concesionaria de varias áreas hidrocarburíferas en la provincia, informó el pasado 19 de junio que no puede cumplir sus compromisos financieros. El dato prendió todas las luces rojas en la Legislatura. Algunos de esos contratos fueron prorrogados recientemente con aval parlamentario, a pesar de los reclamos de los bloques peronistas, que habían denunciado la falta de acceso a la documentación clave: balances, garantías, compromisos de inversión.
“Lamentamos que la falta de debate transparente y de acceso a información crítica haya derivado en esta situación”, dijeron desde los bloques. Y agregaron una frase que parece obvia, pero no lo es: “Hoy estamos viendo las consecuencias de haber aprobado contratos sin conocer el estado financiero real de la empresa”.
El pedido de informes apunta directo al corazón del problema: ¿en qué estado están las inversiones comprometidas por Aconcagua? ¿Qué motivó exactamente la renegociación? ¿Qué acciones prevé el gobierno para reparar los daños y, sobre todo, qué garantías quedaron activas? Porque según consta, la empresa ya figuraba ante la Comisión Nacional de Valores con un pasivo que representa el 51% de sus activos. No era un secreto.
Los legisladores piden ahora lo que no se entregó antes: claridad, responsabilidad, memoria. También una revisión urgente de los mecanismos de control y otorgamiento de concesiones que, más allá del discurso, parecen seguir funcionando a ciegas. En una provincia donde los recursos energéticos son estratégicos, no hay margen para improvisar ni para mirar para otro lado cuando los números no cierran.
A fines del año pasado, Aconcagua fue la primera empresa petrolera en extender la concesión sobre sus áreas. El acuerdo, ratificado por la Legislatura, permitió extender la explotación por un plazo de 10 años con el objetivo de garantizar inversiones sostenidas, la continuidad del desarrollo de los yacimientos convencionales, promover la eficiencia energética, preservar el ambiente y fortalecer el desarrollo local.
El plan de inversiones y actividades mínimo es de 54.863.000 dólares, comprometió un bono de prórroga de 22 millones de dólares, un aporte al desarrollo social y fortalecimiento institucional de 4,4 millones de dólares y una contribución adicional de petróleo y gas del 3% de la producción mensual. En relación a las campañas de pozos como parte del compromiso inicial, a ejecutarse entre 2025-2031, 15 perforaciones (9 en firme y 6 contingentes), 65 workover (40 en firme y 25 contingentes), 4 conversiones en firme y 21 abandono de pozos (2 en firme y 19 contingentes).
Creada en 2015 por los exYPF Diego Trabucco y Javier Basso, Aconcagua Energía opera un total de 14 concesiones hidrocarburíferas en el país, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza. De acuerdo con su balance financiero, en el primer trimestre del año, la producción de hidrocarburos neta alcanzó los 453.733 barriles de petróleo y 2 millones de metros cúbicos de gas, lo que representa una disminución del 12% en la producción de petróleo y del 96% en la de gas, en comparación con el mismo período del año 2024.