El Estado neuquino excluyó por dos años a una cooperativa sospechada

La cooperativa de trabajo Viento Sur, involucrada por los investigadores en la causa de la estafa con planes sociales en Neuquén, fue sancionada por el gobierno, y estará "dos años en el registro de sancionados que rige para los proveedores del Estado", por lo cual no podrá ser contratada ni prestar servicios en nada relacionado con un estamento oficial.

La decisión fue tomada en diciembre del año pasado, aunque se difundió oficialmente recién hoy, después de que se conociera que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante una investigación por el manejo de fondos públicos otorgados en la gestión anterior a esta cooperativa, para capacitaciones que aparentemente no fueron realizadas.

La disposición 14/24 de la contaduría general de gobierno se conoció hoy, al ser publicada en el Boletín Oficial. Allí, la anterior contadora general de la provincia Ester Ruiz -quien se jubiló recientemente- dispuso incluir al proveedor Cooperativa de Trabajo Viento Sur Limitada en el Registro de Sancionados, por el término dos años, por incurrir en la falta prevista en el Artículo 89º, Apartado 2, inciso c), punto 1) del Decreto Nº 2758/95 que es el reglamento de contrataciones del Estado.

Esta novedad se suma a otras actuaciones como la solicitud de la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén que había solicitado previamente la suspensión de esta cooperativa del Padrón de Proveedores, a causa de las irregularidades reflejadas en la rendición de los fondos otorgados mediante el “Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las OSC”.

Dicho programa fue aprobado el 19 de enero de 2023, durante la gestión de gobierno de Omar Gutiérrez, facultando al ex Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a suscribir los convenios en representación del Estado Provincial. Al adherir, la Cooperativa de Trabajo Viento Sur Limitada recibió un Aporte No Reintegrable por $141.174.880, cifra que se incrementó por adendas posteriores.

El dinero asignado debía ser destinado a capacitar a los integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil para que pudieran adquirir herramientas que les permitieran insertarse en el mercado laboral o en emprendimientos de la economía social. Sin embargo, las auditorías llevadas a cabo por el órgano de control provincial emitieron informes desfavorables al constatar -por ejemplo- que los gastos consignados en las planillas no coinciden en todos los casos con el total de fondos solicitados, no se adjuntaron la totalidad de comprobantes que respaldaran estos casos, y los gastos, que "no guardaron relación con los objetivos del programa". Además, se observaron compra de vehículos, entre otras cuestiones. 

“El conjunto de las irregularidades mencionadas constituye un claro incumplimiento del proveedor a las obligaciones asumidas en los convenios suscriptos no aplicando los fondos recibidos para las finalidades previstas en el Programa Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las OSC, omitiendo, a pesar de los constantes requerimientos realizados realizar la correcta Rendición de Cuentas de la aplicación del dinero recibido”, se indicó en la disposición.