La necesidad y urgencia en el Estado neuquino

El gobierno de Rolando Figueroa avanzará, esta semana, con una medida concreta, en el rumbo de hacer más eficiente al Estado y desarmar, en paralelo, la estructura de corrupción que, parece, va pegada inexorablemente a los mayores gastos. Será cuando, organizado por el ministerio de Trabajo, que comanda Lucas Castelli, desfilen por el Ruca Che los beneficiarios de los planes sociales que actualmente otorga el Ejecutivo provincial.

El propósito es relevar persona por persona esos beneficios, y sucede después de la estafa más resonante en la historia de los gobiernos neuquinos, la realizada con los planes sociales a través del entonces ministerio de Desarrollo Social. Por ese acto de corrupción, en presunto beneficio de la política (el MPN) y de las personas que participaron, están imputados varios ex funcionarios, algunos de ellos, detenidos. El caso todavía se sustancia, y es posible que llegue a juicio este año.

En diciembre, el Estado neuquino repartió plata entre 21.748 beneficiarios de los programas en vigencia, denominados “Desocupación Laboral” y “Subsidio Social Transitorio”. Esas más de 20 mil personas son las que desfilarán por el Ruca Che, ese estadio levantado para inicial gloria de la “generación dorada” del básquetbol nacional, después devenido en espacio de usos múltiples con oneroso mantenimiento a cargo, también, del Estado.

Los “beneficiarios” no reciben, todos, la misma cantidad de dinero. Los planes varían de un mínimo de 8 mil pesos hasta 70 mil. Ahora, se verificará, individualmente, la situación de cada quien; y se podrá así revisar en ambas direcciones: tanto hacia las necesidades concretas de la población, como también la metodología y el costo que implica para el que reparte, ese Goliat que no pretende ser más pequeño, sino más eficaz. Se trata, según el concepto de Figueroa, de la definición misma de “Estado”, que lleva como un estandarte de un ejército patagónico en formación, para disputar liderazgos en la convulsionada escena nacional.

El reparto de planes sociales se revisará, pues, en función también del gasto que implica, porque se sabe que ese gasto, grande, no ha sido bien utilizado. De hecho, son centenares los casos ya comprobados de beneficios sociales que se quedaban dentro del Estado, apropiados por empleados estatales, que, si bien no tienen para tirar manteca al techo, tampoco sufren las carencias de quienes son el objetivo de la ayuda dispuesta.

En diciembre, el Estado aplicó de su Tesoro la suma de 362.444.500 pesos al rubro programas sociales. Anualmente, el gasto asciende a 4.349.334.000 pesos, según la información oficial disponible. Es un monto importante, que seguramente se actualizará, con una inflación por encima de 20 por ciento mensual registrada ya en diciembre, y que se proyecta en esos términos para enero, y, posiblemente, también febrero. De hecho, José Luis Espert, el diputado nacional (economista) alineado con el oficialismo de Milei, ha estimado que bien puede registrar Argentina una inflación de 100 por ciento en el primer trimestre del año.

Con esa estimación inflacionaria, es posible que aumente el porcentaje de pobres, también en Neuquén, y, con ello, la necesidad de incrementar partidas destinadas a la ayuda social de necesidad y urgencia. El relevamiento que hará el gobierno neuquino es, pues, una medida muy importante en el contexto, aunque solo sirva para hacer más prolija y menos corrupta la distribución de esa gran masa de dinero.

Al mismo tiempo, y mientras atiende estas cuestiones, el gobierno de Figueroa madura otras decisiones que tienen que ver con el gasto. Por ejemplo, el qué hacer con los ajustes salariales en el Estado, regidos hasta ahora por una actualización automática que, en lo inmediato, hará crecer el gasto salarial global, sin que Figueroa pueda hacer nada al respecto, hasta niveles escalofriantes. En febrero se afrontará el primer salto inflacionario fuerte; pero, al mismo tiempo, seguramente avanzará el diálogo, tanto con ATE como con el resto de los sindicatos del Estado, para buscar una solución a la desmesura.

En concreto, si no se maneja con prudencia el asunto, Neuquén irá casi inevitablemente hacia una situación de quebranto, pese al incremento en sus ingresos, por la simple combinación de una masa salarial elefantiásica con las obligaciones de pago de deuda y otros factores, ya expuestos hasta el cansancio, como el déficit de la caja de jubilaciones del ISSN, o la necesidad de recomponer la estructura hospitalaria en lo que hace a insumos, por ejemplo.

El tema se multiplica gracias a la crónica dependencia financiera de los municipios. Durante la semana que pasó, por ejemplo, Zapala anunció un incremento de 80 por ciento en el salario de los empleados municipales. Todos los municipios (también Zapala), a excepción de la capital neuquina y Cutral Co, dependen de aportes del Ejecutivo provincial para enfrentar sus obligaciones salariales. Por lo tanto, cada vez que un intendente dispone un aumento en el gasto salarial de su municipio, es consciente (o debería serlo) de que está aumentando el gasto provincial.

Así, la revisión de la estructura del Estado no es una fantasía acomodada a la coyuntura política nacional, sino una necesidad urgente. Si se quiere un “Estado eficiente”, deberá conseguirse un “Estado equilibrado” en lo que a cuentas públicas se refiere.