NEUQUÉN
Estafa con planes sociales: prisión preventiva para Soiza y Osuna
Los abogados de los acusados pidieron la domiciliaria, pero la jueza de garantías dio lugar al pedido del MPF.
Dos de los acusados como jefes de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, seguirán detenidos.
Se trata de Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna que durante una audiencia realizada este martes en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, resolvió que los acusados continúen con presión preventiva por seis meses más.
Los abogados de Soiza y Osuna solicitaron que la detención pasara al régimen domiciliario, pero la jueza de garantías se inclinó por el planteo realizado por el MPF, con la adhesión de la fiscalía de Estado.
La teoría del caso la fiscalía, además alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo de Neuquén, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.
Distingue niveles de responsabilidad, poniendo como jefes al exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria; mientras que Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes. También, hay otros 26 imputados - entre particulares y empleados del ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito.
