Hace unos 40 días, allá por el 12 de abril, comentábamos que la causa de estafa con planes sociales parecía una enorme burbuja, frágil y de corta vida. En ese momento cuestionamos que se haya fijado audiencia de juicio entre fines de Julio y principios de noviembre, durante 45 días.
Expresamos entonces que el Poder Judicial, en particular el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, tenían ante sí una oportunidad inmejorable para mostrar auténtica preocupación por combatir la corrupción y por dar señales claras a la sociedad que lo que está exigiendo a gritos desde el año 2022 se va a cumplir; que va a existir condena y detención efectiva para los responsables de esta apropiación incomprensible y canalla de fondos destinados a personas vulnerables.
Teníamos dudas, pero teníamos esperanza de ser escuchados y que alguien reflexionara y diera la prioridad y firmeza necesaria. Pero no, no pasó. Nos enteramos esta semana que el Ministerio Público Fiscal, con la conformidad de la Fiscalía de Estado, finalmente logró separar del juicio a dos imputados más.
Dos personas más integrantes de la asociación ilícita, que retiraron fondos, cobraron cheques por millones, que no van a ir a juicio, y se ha desactivado para ellos el riesgo de que les impongan penas de cumplimiento efectivo.
Una vez más, como viene haciendo con otros imputados que han reconocido la responsabilidad penal y su participación en la maniobra delictiva, el Ministerio Fiscal ha acordado las penas, y ha tenido la generosidad de asignar penas en suspenso. Es decir, que los delincuentes confesos en esos acuerdos firmados no van a ir ni un día a la cárcel, y además se comprometen a devolver lo que se apropiaron, pero a valores de los años 2020 a 2022.
Realmente un muy buen negocio para los delincuentes confesos que han accedido a esos acuerdos con la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado. Y para concretar esa huida por la ventana del proceso penal, ventana que les abrió el Fiscal Penal y el Fiscal de Estado, tuvieron que pasar por cuatro jueces de Garantías; porque tres rechazaron los acuerdos por insuficiente pena. Y el cuarto Juez dijo que le sonaba mal, pero que en su opinión no podía seguir demorando la definición.
En conclusión, el Fiscal Penal y el Fiscal de Estado han decidido que al menos nueve personas, que fueron engranajes esenciales de la maniobra de estafa, no tengan riesgo de ir ni un día a la cárcel. Apenas un tironcito de orejas ¿Qué extraño no? ¿Por qué negociar acuerdos de pena y no permitirle a la sociedad conocer en juicio qué hicieron estos delincuentes confesos? ¿Por qué no permitirle a los Jueces fijar las penas a esas personas después de un juicio como corresponde? ¿Tendrían miedo de mayor severidad en los Jueces y que apliquen penas más altas que obliguen a ir a la cárcel a todos? ¿Pretenden fijar un piso de penas bajas para que los supuestos cabecillas tengan a su vez penas bajas?
La actitud de la Fiscalía Penal y de la Fiscalía de Estado es totalmente incongruente e incompatible con la política de tolerancia cero a la corrupción y de encarcelamiento generalizado que se sostiene para otro tipo de delitos contra la seguridad de las personas. Pretenden llenar cárceles y comisarías de imputados reiterantes y de perejiles del narcomenudeo; pero a los delincuentes confesos de hechos de corrupción publica que genera náuseas, los mantienen lo más lejos posible de la cárcel efectiva.
Lamentablemente no nos equivocamos cuando hace 40 días anticipamos que esta causa parecía pura burbuja. Y como temíamos, se va desvaneciendo, dejando a su paso un hedor realmente muy feo, muy propio a la basura acumulada que se olvida abajo de una alfombra podrida.
Perdón por la gráfica, pero descompone la hipocresía: Vamos a terminar premiando a los delincuentes confesos que se apropiaron de los fondos de los planes sociales, y ese proceder tiene responsables directos. Señor Fiscal Penal y señor Fiscal de Estado, no sean incongruentes con otras pseudo persecuciones a criminales, y no sean tolerantes -justo- con estos canallas que no tuvieron reparo alguno para estafar y disfrutar de ese dinero mal habido, retenido, y ahora ni siquiera reclamado.
La burbuja de la causa de Estafa con Planes Sociales, deja mal olor a su paso…
Cambiamos de tema
Durante una reunión de trabajo en la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE), de la que participaron autoridades de dicho organismo, del ministerio de Educación y de la Defensoría de los Derechos del Niño/a y Adolescente, se abordaron estrategias para garantizar las re vinculaciones escolares de los y las estudiantes.
Lo que comúnmente conocemos como desgranamiento escolar, término utilizado para describir el fenómeno del abandono progresivo de estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa. En pocas palabras, es la pérdida de estudiantes en diferentes etapas del ciclo escolar.
Causas principales: Económicas, académicas, por el fracaso escolar o la desmotivación, entre otras tantas. El sistema educativo tiene como misión fundamental garantizar el acceso, permanencia y egreso exitoso de todos los estudiantes. Sin embargo, un fenómeno silencioso pero devastador sigue latente, el desgranamiento escolar.
A pesar de las políticas educativas existentes, ciento de estudiantes abandonan las aulas cada año de manera paulatina, sin que el sistema logre retenerlos. El desgranamiento escolar no es un acto de abandono voluntario o aislado, sino el resultado de múltiples factores que se entrelazan.
Pobreza, violencia, desmotivación y falta de apoyo institucional. A esto se suma una escuela que, muchas veces, no logra adaptarse a las necesidades reales de los estudiantes. La pérdida progresiva de estudiantes no solo representa una falla estructural del sistema educativo, sino también una amenaza al desarrollo de la provincia.
Menos jóvenes educados significan menos oportunidades de innovación, mayor desempleo y más violencia. Por ello, es urgente diseñar intervenciones integrales, que no se limiten a reformas curriculares, o castigos por ausentismos, sino que se enfoquen en crear puentes entre la escuela y la realidad social del estudiante. Apoyos económicos, becas Gregorio Álvarez, programas de tutoría, atención emocional, participación comunitaria y una pedagogía más humana son algunos de los caminos posibles.
Combatir el desgranamiento escolar es una tarea urgente y colectiva. La escuela debe dejar de ser una institución cerrada y convertirse en un espacio de acogida, comprensión y apoyo integral. Solo así podremos garantizar que ningún estudiante se quede atrás.
Uno de los problemas más graves del desgranamiento escolar es la captación de estos jóvenes por bandas narcos para transformarlos en soldaditos del micro menudeo de drogas. Esto ha adquirido una dimensión alarmante en Neuquén, no solo por su impacto en la seguridad pública, sino también por el modo que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Uno de los rostros más dramáticos de este fenómeno es la figura del soldadito, un joven reclutado por organizaciones criminales para actuar como vigilante, mensajero, cobrador o distribuidor de drogas en los barrios más populosos, ocupando el nivel más bajo de la estructura criminal.
Revertir este fenómeno exige la reconstrucción de un Estado presente capaz de garantizar educación, oportunidades y justicia social en los barrios más golpeados. Sólo con más derechos y más presencia del estado será posible frenar el avance del crimen sobre nuestra infancia y juventud.
Dijo María Larrondo: Quienes enseñan en la educación básica, quienes piensan en la academia, quienes desarrollan políticas educativas, sin duda se sentirán interpelados. De ustedes depende constituirse en generadores de la transformación y superación de las desigualdades sociales.