La transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, generó una fuerte reacción gremial. El secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Jorge Muñiz, calificó la medida como “una locura” y denunció que se trata de “un atropello sobre una institución que tanto dio al campo y al sector agroindustrial”.
Aseguró que “teníamos un borrador de todo lo que podría suceder, pero esto supera cualquier escenario”. En respuesta, el sindicato convocó a 49 asambleas simultáneas en todo el país como parte de un plan de lucha nacional.
Según el decreto, el INTA perderá su autarquía jurídica y financiera, y su consejo directivo será reestructurado para incorporar más representantes del Ejecutivo, concentrando el poder en el presidente del organismo. Para Muñiz, esto implica “un ajuste directo en el área de extensión y de investigación”, dos pilares fundamentales del trabajo territorial del INTA. “Están en juego 299 agencias de extensión con más de 1500 trabajadores. En el Alto Valle tenemos 93 personas y seis agencias entre Plottier y Río Colorado. En toda esa extensión trabajan más de 30 extensionistas llevando el conocimiento al territorio”, detalló. También advirtió que el Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF Patagonia), con sede en Plottier, podría ser desmantelado.
El dirigente gremial denunció que el Gobierno nacional “no escucha, solo ejecuta un plan de desmantelamiento”. Muñiz explicó que el INTA es un organismo autárquico, con patrimonio propio y bienes que están siendo liquidados. “Ya se vendió un edificio en Palermo y hay otros campos disponibles. Buscan hacer caja con los bienes del Estado”, denunció. Para el gremio, el decreto representa un “desguace” que no solo afecta al INTA, sino también a otros organismos como Vialidad Nacional y el INTI.
La preocupación se extiende al futuro de la investigación agropecuaria. “Si esto se confirma, el INTA desaparece. Habrá un cambio de funciones. Dirán para quién se investiga y qué se investiga”, alertó Muñiz. El sindicato teme que la pérdida de las agencias de extensión genere un “efecto dominó” que desarticule la red territorial del organismo. “Tratamos de llegar al Gobierno y no interesa escucharnos. Si perdemos las agencias, perdemos el vínculo con los productores, con las economías regionales, con la innovación aplicada al territorio”, explicó. En ese contexto APINTA evalúa presentar un amparo a nivel nacional y recurrir al Congreso para frenar la medida.
La situación laboral también es crítica. “Estamos por debajo de la canasta básica. Es una situación muy difícil. Si le sumás un esquema de retiros voluntarios, será dramático”, advirtió Muñiz. El gremio denunció que hace dos años no hay paritarias y que el presupuesto del INTA está congelado al nivel de 2023, lo que genera una parálisis total en las actividades. “Es fácil destruir, pero reconstruir es muy difícil. Volver a repatriar investigadores, técnicos, extensionistas, lleva años”, lamentó. En este contexto, el sindicato exige que se garantice la continuidad laboral de los trabajadores contratados, que representan la mayoría del personal operativo en las rutas y en el territorio.