Sin beneficios impositivos para los comercios, un golpe al empleo

En medio de los anuncios de grandes desarrollos económicos, relacionados con la explotación y exportación de hidrocarburos o mineros, Río Negro se enfrenta a una situación paradójica. Se visualiza un crecimiento, pero será a futuro y aún no generan ingresos sustanciales para las arcas provinciales. Frente a esto, el gobierno optó por una vía inmediata para aumentar la recaudación: la modificación de la ley tributaria que estipula un golpe en Ingresos Brutos, se eliminó el beneficio para los contribuyentes cumplidores, con un incremento real de hasta un 60% en las PyMES y el comercio local.

El 81% de la recaudación de la provincia se sustenta en Ingresos Brutos, por eso el nuevo régimen tributario, aprobado por el oficialismo y sus aliados en la Legislatura, pretende aumentar esos ingresos en un 50% respecto al presente año, pasando de 400.000 millones a 600.000 millones de pesos (de cuatro a 6 masas salariales completas). Incremento a costa de una carga fiscal asfixiante para los sectores más pequeños. Desde este año ya rige la eliminación del incentivo por cumplimiento fiscal, que hasta ahora permitía reducir las alícuotas entre un 10% y un 30%.

A partir de este mes, las alícuotas pasarán de 3,5% a un 5%, en varios casos se trasladará a precios y en otros, con una recesión que se mantiene desde 2023, deberán ser absorbidos por los dueños. Aumento que se suma al casi mil por ciento de incremento de electricidad que los empresarios denunciaron en noviembre, y que ubica a la provincia como una de las tres más caras del país.

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), alzó voces enérgicas en contra de esta reforma. La calificó como un "golpe directo y devastador" para los sectores comerciales y de servicios, que ya luchan por sobrevivir en un contexto de caída del consumo y una creciente presión tributaria. La eliminación del incentivo fiscal no solo se presenta como un agravio para el sector privado, sino que también pone en evidencia una contradicción en la política económica del gobierno provincial.

Mientras se exime de aumento a la actividad primaria, se gravan aún más los servicios de apoyo, como el transporte de carga, la telefonía y las telecomunicaciones. Esto resulta aún más llamativo si se considera que los proyectos estratégicos de extracción de petróleo, gas y minerales, que generarán crecimiento en el futuro, no aportan de manera inmediata a aliviar la presión fiscal sobre las PyMEs, que son el pilar del empleo en Río Negro.

El oficialismo, defendiendo la medida: "Ingresos Brutos se cobra en las 24 provincias del país y que las alícuotas de Río Negro son las más bajas de toda la Patagonia". Sin embargo, la crítica de los empresarios y comerciantes radica en que esta estrategia, en lugar de beneficiar a los sectores productivos más vulnerables, los asfixia aún más, y tendrán que pagar (según cálculos propios) un 60% más. Además, va en contraposición al acuerdo fiscal firmado en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, que establecían una reducción progresiva de estas cargas para aliviar a las PyMEs. Y contrasta con las políticas fiscales implementadas en provincias vecinas como Neuquén y Chubut, que promueven incentivos y subsidios.

La preocupación es creciente en el sector empresarial, que ya se prepara para medidas de acción directa. El próximo lunes, empresarios y comerciantes de la provincia definirán cómo visibilizar su rechazo a la reforma, con la posibilidad de manifestarse frente a las sedes de la Agencia de Recaudación Tributaria. El antecedente no es bueno para el gobierno, en 2021 hubo un fuerte rechazo al incremento de hasta 300% en Impuesto Inmobiliarios y de hasta un 90% en automotores: un petitorio de 21.000 firmas en la Defensoría del Pueblo y marchas de vecinos, obligaron a readecuar los aumentos y al despido del titular de rentas.

Además de Ingresos Brutos, la ley Tributaria establece aumentos en Inmobiliario y Automotor. En el primero, el promedio ronda el 147%, pero el mínimo pasará de 11.165 pesos a 50 mil, lo que representa 347% a los sectores más populares. Además, se anunció un riguroso control con imágenes áreas y satelitales para detectar los falsos baldíos. En cuanto al segundo, se mantiene el tope de 110% fijado tras aquella marcha de 2021. Pero la cancelación anual en vez de tener una bonificación del 35% como en 2024, se redujo a 20%, al 15% en el pago mensual por débito automático.

La medida impulsada por el Ejecutivo que tuvo un paso rápido por la Legislatura, no genera ningún alivio para el sector que sostiene el empleo privado y genera el 81% de los ingresos provinciales, además de ser el motor de las economías locales. Poner una carga aún más pesada podría tener consecuencias devastadoras a corto plazo. Pone en riesgo la supervivencia de miles de familias y los ingresos actuales de la provincia, que espera ansiosa la llegada de las inversiones comprometidas en relación a Vaca Muerta y al sector minero en la Línea Sur.