Derechos Humanos afectados por tres inversiones chinas en Ecuador

El reciente informe al que accedió mejorinformado.com sigue revelando el impacto de la presencia de China en actividades extractivas y de infraestructura a lo largo y ancho de América Latina. El informe fue realizado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés). Evalúa 26 proyectos en total, todos desarrollados en nueve países de América Latina, a saber: México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. 

Entre ellos se destacan los nueve proyectos realizados en Ecuador, tres dedicados a la explotación minera, otros tres a bloques petroleros, uno a la explotación de madera balsa, otro orientado a la construcción de una represa hidroeléctrica y, por último, la explotación pesquera por parte de una flota china en aguas distantes pero bajo jurisdicción ecuatoriana.

Tres proyectos mineros financiados por China en Ecuador

En el caso de Ecuador, el estudio realizado por las organizaciones de la sociedad civil se concentra en los proyectos mineros Mirador, Río Blanco y San Carlos-Panantza. El primero se encuentra en operación desde 2019, el segundo fue suspendido en 2018 y en 2020 la empresa Ecuagoldmining presentó una solicitud de arbitraje internacional contra el gobierno de Ecuador. El tercer proyecto se encontraba en la fase de exploración avanzada cuando fue interrumpido por motivos de fuerza mayor en 2018. Dos años más tarde, la compañía que lidera la iniciativa todavía esperaba que las autoridades aprobaran su reanudación. Los tres proyectos se encuentran emplazados e impactan en zonas de gran relevancia natural como reservas biológicas y zonas de amortiguamiento de parques nacionales considerados reserva mundial de biósfera (bosque protector) declarada por la Unesco.

El financiamiento de los desarrollos mineros Mirador y San Carlos Panantza proviene de un número de entidades financieras de la República Popular China como el Banco de China, el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el Banco Mercantil de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Industrial y Comercial de China. En el caso de Río Blanco la empresa que lideró el proyecto hasta sus suspensión fue Ecuagoldmining South America S.A., propiedad de las compañías chinas Junefield Mineral Resources Holding Ltd. y Hunan Gold Group.

Las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas derivadas de estos tres proyectos abarcan la violación al derecho a la consulta, el derecho al ambiente sano y al agua, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y a la libertad sindical, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la educación y el derecho a la salud.

El caso de Mirador

Este es el primer proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto de Ecuador. Mirador abarca un área de casi 6.700 hectáreas y actualmente procesa sesenta mil toneladas de carga a diario. Además, cuenta con una proyección de vida útil de tres décadas. La mina se encuentra ubicada dentro de la Reserva biológica del Cóndor, una de las zonas de mayor biodiversidad en la Amazonía sur del país. Allí habitan distintos pueblos indígenas, repartidos en más de una decena de centros poblados. Estas comunidades fueron despojadas de sus derechos territoriales y tampoco fueron sujetos a consultas previas al desarrollo del proyecto.

A su vez, la Contraloría General de Ecuador detectó graves faltas a la protección del medio ambiente como por ejemplo, el manejo inadecuado de desechos contaminantes y su descarga en los ríos cercanos a las trazas de las carreteras que estaban siendo construidas. También se denunció la falta de tratamiento del agua contaminada en la mina, tanto aguas servidas como industriales. Es evidente que la empresa no cumplió con la normativa medioambiental vigente, afectando directamente a las comunidades locales.

En este caso, las vulneraciones a los derechos humanos son múltiples. En primer lugar, no existió ninguna consulta ni solicitud de consentimiento previo por parte de las comunidades afectadas. Excepcionalmente, se realizó una consulta ambiental con un número suficientemente representativo del total de individuos afectados. Este desconocimiento del derecho al territorio y de los procesos de libre determinación y articulación comunitaria e intercultural constituye una violación del derecho a la consulta previa. En segundo término, las situaciones relevadas por la Contraloría General del Estado en su examen de 2020 indican que los hechos de contaminación y deforestación irreversibles violan el derecho a vivir en un ambiente sano -recuperado en el artículo 66.27 de la constitución ecuatoriana- así como también el derecho al agua.

En tercera instancia, se evidenciaron irregularidades en el proceso de toma de posesión de los terrenos necesarios para la explotación de la mina. Ante la resistencia de algunos pobladores, la empresa que lidera el proyecto, Ecuacorriente S.A., exigió al gobierno de Ecuador desalojar todo el territorio que se necesitaba. Entre 2013 y 2015 se produjeron distintas situaciones de ingreso ilegal y por la fuerza a propiedad privada, la destrucción arbitraria de infraestructura local y allanamiento de centros poblados por parte de trabajadores de la empresa junto a efectivos de la policía con el objetivo de forzar el desalojo de las comunidades. Cabe destacar que no tuvo lugar ningún proceso de reubicación para aquellas comunidades que fueron desalojadas por la fuerza. En abril de 2022 se reactivó el conflicto en las zonas aledañas a la mina dado que se produjeron nuevos desalojos.

Además, a causa de la explotación minera en Mirador las comunidades locales se han visto impedidas de continuar con sus actividades de pesca, caza, cultivo y ganadería. Estas constituían su medio de vida principal y parte central de su soberanía alimentaria. Los desalojos y la expulsión del territorio constituyen así, faltas al derecho a la alimentación, a la tierra, al trabajo y a la cultura en la medida en que para estas comunidades la conexión con la tierra es un factor identitario y espiritual.

En quinto lugar, la empresa minera es responsable del hostigamiento, intimidación y persecución contra miembros de las comunidades locales por su oposición al desarrollo del proyecto. Ninguno de los casos de vulneración del derecho a la libertad y seguridad personal que llegaron a la justicia concluyó en un castigo efectivo contra la compañía respaldada por China.

Por último, los trabajadores locales han sido objeto de malos tratos, despidos ilegales y accidentes resultantes de la actividad minera. En 2014 y 2016, grupos de trabajadores manifestaron su insatisfacción con la situación salarial. En el primer caso, los desacuerdos con la empresa derivaron en la intervención del Ministerio de Trabajo y, en el segundo, Ecuacorriente S.A. decidió despedir a todos los transportistas que se habían declarado en huelga. Más recientemente, se registraron varios accidentes con víctimas fatales. En septiembre de 2019 se suspendió temporalmente el proyecto dados los reiterados problemas de seguridad y salud ocupacional.

El reflejo del resto de la región 

El relato de Mirador y de los demás proyectos mineros en Ecuador es el fiel reflejo de una situación que se reproduce a lo largo y ancho de América Latina. Las iniciativas financiadas por bancos chinos están plagadas de inconsistencias en el cumplimiento de normativas. A su vez, son incontables los casos de violación a los derechos humanos. La vida útil de una mina tan grande como Mirador podrá extenderse durante 30 años, pero su flagelo en las comunidades locales trasciende generaciones e indudablemente será irreversible.