La COP29 realizada en Bakú, capital de Azerbaiján, coronó tras largas negociaciones un acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán 300.000 millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear allí la acción climática.
Los casi 200 países reunidos en la cumbre de Bakú sellaron por fin el acuerdo con el que fijaron la nueva meta de financiación climática, que reemplazará a la anterior que estaba establecida en 100.000 millones de dólares anuales.
Tras dos semanas de intensas negociaciones, se acordó establecer la cantidad de 1,3 billones de dólares anuales para 2035, si bien de ese monto sólo 300.000 millones deberán proveerse a través de ayudas y movilización de fondos privados con respaldo público.
Las partes reafirman el principio del Acuerdo de París que hace referencia a las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países en la crisis climática: los considerados "desarrollados” –pudientes– emiten más gases de efecto invernadero que los llamados "en desarrollo”, y por tanto las partes consideran que deben asumir buena parte de la factura.
Mediante la nueva meta global de financiación climática fijada en Bakú, los estados ricos se comprometieron a movilizar en total 1,3 billones de dólares anuales para el Sur Global hacia 2035 pero con una primera capa asegurada, de 300.000 millones.
Las categorías "desarrollados” y "en desarrollo” responden a una clasificación que data de 1992, año en que nació la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, producto de la Cumbre de la Tierra en Río de Janerio. Pero ahora, 32 años después, países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea arguyen que el mundo ha cambiado, y ya no pueden considerarse en desarrollo, por ejemplo, China, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.