Una pausa que no calma la tormenta
Argentina respira, pero no se salva. Una Corte de Apelaciones de Nueva York decidió frenar —al menos de forma temporal— el fallo que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes encabezados por Burford Capital. La “suspensión administrativa” se acordó para permitir que ambas partes presenten sus argumentos, pero la amenaza de perder la joya de la petrolera nacional sigue latente.
El fallo original expuso, una vez más, el costo real de aquella expropiación que se vendió como un acto heroico y terminó convirtiéndose en una deuda monstruosa. Hoy la Argentina enfrenta un posible pago de más de USD 16.000 millones y la entrega de acciones estratégicas, mientras el Gobierno intenta sostener la pulseada judicial en un escenario cada vez más adverso.
Cómo sigue la pelea en la Justicia de EE.UU.
El cronograma ya está en marcha: los fondos tienen plazo hasta el 17 de julio para oponerse a que la suspensión se extienda durante toda la apelación. Luego, la Argentina responderá el 22 de julio. Un panel de tres jueces decidirá si frena o no la ejecución hasta que se resuelva la cuestión de fondo, algo que podría estirarse hasta 2026.
Para el Gobierno, esta pausa es un respiro económico y político. Entregar el control de YPF no solo sería un golpe financiero gigantesco, sino un símbolo de derrota frente a los fondos de inversión que vienen detrás de cada descuido legal de la política argentina.
La factura política de la expropiación mal hecha
Este nuevo capítulo reabre viejas heridas y discusiones: ¿cómo se hizo la estatización de YPF? ¿Por qué se improvisó un modelo de expropiación que terminó generando miles de millones en juicios? ¿Quién se hace cargo de un agujero que impacta directo en reservas, dólares y deuda?
Mientras tanto, los analistas advierten que si la Corte rechaza la apelación, la orden para entregar las acciones volverá a quedar vigente de inmediato. Es decir, el Estado argentino podría perder el control de la empresa clave para el futuro energético y Vaca Muerta.
En redes, muchos ya se preguntan quién paga la fiesta: los contribuyentes. Porque detrás de cada gesto de soberanía mal planificado hay una factura en dólares que tarde o temprano se cobra. Y la novela de YPF promete nuevos capítulos para indignarse.