El Gobierno Nacional reglamentó este lunes, a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, los plazos que tendrá la implementación del “silencio positivo”, que modifica la Ley de Procedimientos Administrativos 19. 549 que se había sancionado en 1972.
Esa norma establece que ante la falta de respuesta del Estado ante un procedimiento administrativo éste será tomado por aprobado. Anteriormente, una demora de estas características implicaba una negativa estatal.
La medida regirá a partir del 1º de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados y un mes después, desde el 1° de diciembre, en los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional.
Lo que decía esta normativa en su punto 10 es que cuando hubiera pretensiones “que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa”. Y que “sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo”. Otorgaba un plazo de respuesta: 60 días.
Ahora es todo lo contrario
A partir de ahora, si el Estado no se pronuncia, la respuesta se interpretará como positiva. Por esta razón, la modificación fue duramente cuestionada por la oposición no aliada al Gobierno, porque posibilita incontables “negocios inmobiliarios” a los que la administración de La Libertad Avanza y el PRO procuraron abrirles la puerta.
El silencio positivo no se aplica respecto de cualquier tipo de solicitud. Por ejemplo el silencio positivo no opera respecto de situaciones que están prohibidas por el ordenamiento jurídico y que solamente se pueden realizar a partir de un acto administrativo (permiso administrativo). Por ejemplo, si una persona pide que se le “permita” cortar una calle para hacer una manifestación, el silencio de la administración no implica asentimiento”, explicó a través de su cuenta de X (ex Twitter).