Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py dictaminó una condena de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación. La sentencia se basa en la manipulación de los datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante los años 2006 y 2007, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Esta condena marca un nuevo hito en la larga lista de funcionarios del kirchnerismo que han sido procesados y sentenciados por actos de corrupción.
Moreno ya contaba con antecedentes judiciales. Anteriormente, había recibido una condena de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente”, y otra de dos años de prisión en suspenso por el incidente de los “¿Casco o guantes?” en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ambas sentencias están bajo revisión, y la nueva condena también podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Junto a Moreno, el Tribunal también condenó a Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precios de Consumo del INDEC, a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas de todos los cargos. El fallo fue firmado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.
La lista de condenados por corrupción: una sombra sobre el kirchnerismo
La "Causa Vialidad"
Moreno no está solo en esta lista de funcionarios condenados. Cristina Kirchner, ex vicepresidenta, recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta de la Obra Pública durante sus mandatos presidenciales, en un caso conocido como la “Causa Vialidad”.
La investigación se centró en determinar si Lázaro Báez había sido favorecido con la adjudicación de 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además, se examinaron posibles sobreprecios, demoras injustificadas y trabajos inconclusos.
El fiscal Diego Luciani presentó pruebas que, según él, demostraban la culpabilidad de la vicepresidenta como líder de una organización destinada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo. Por ello, solicitó que Fernández de Kirchner fuera condenada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Según el Código Penal de la Nación, la pena para el delito de asociación ilícita varía entre tres y diez años de prisión, mientras que para administración fraudulenta agravada oscila entre dos y seis años.
Además de la sentencia sobre la vicepresidenta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a varias otras figuras relevantes: Lázaro Báez (seis años), el exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López (seis años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti (seis años), los ex responsables de la DNV en Santa Cruz Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses), y los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (cinco años), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).
Otros casos relevantes
El juicio contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, comenzó en septiembre de 2021 y culminó con su condena a mediados de marzo de 2022. Conocida como la Megacausa, esta investigación abarcó cinco casos distintos relacionados con el desvío de fondos públicos. La causa concluyó con una sentencia de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una decisión que fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023. Entre los expedientes se destacan la "causa de la vaca", que investigó un mecanismo de pago de retornos a través de imprentas, y el "sueño entrerriano", relacionado con el desvío de fondos públicos para su carrera política.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó del exvicepresidente Amado Boudou por la adquisición irregular de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, manteniendo así firme la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión. El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa, convirtiendo a Boudou en el primer vicepresidente de la Nación con una condena firme por corrupción. El 3 de octubre de 2018, Boudou había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, ambos en concurso ideal”. Aunque actualmente goza de libertad condicional, está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, también figura en esta lista. Fue condenado por la compra de trenes en mal estado a Portugal y España y espera una decisión judicial sobre su condena por la tragedia de Once y la causa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Fue condenado a cuatro años de prisión como coautor de administración fraudulenta.
Felisa Miceli, ex ministra de Economía, fue sentenciada a tres años de prisión por encubrimiento agravado, luego de que se encontraran 100 mil pesos y 31 mil dólares en su oficina. Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, fue condenado a casi cinco años de prisión por defraudar al Estado en la causa Oil Combustibles.
Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, recibió ocho años de prisión por la compra de trenes chatarra y José López, ex secretario de Obras Públicas, fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, recordado por ser descubierto con bolsos que contenían nueve millones de dólares en un convento en 2016.
Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente, fue condenada a tres años de prisión en suspenso y la devolución de siete millones de pesos por defraudar al Estado. Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por administración fraudulenta y estrago culposo agravado por la tragedia de Once.
Casos notorios fuera del gabinete
Aunque no fue funcionaria del kirchnerismo, la líder de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, recibió 13 años de prisión por desviar 60 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales. Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo, fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero y también recibió seis años en la “Causa Vialidad”.
Investigaciones en curso
Varios casos de alto perfil siguen bajo investigación. El "Caso Chocolate" involucra a Julio Segundo Rigau, puntero del PJ, por transacciones sospechosas con 48 tarjetas de débito vinculadas a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Rigau, apodado Chocolate, fue descubierto retirando grandes sumas de dinero de cajeros automáticos, lo que levantó sospechas sobre su actividad.
La "Causa Yategate" salpicó a Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, su ex esposa Jesica Cirio y su actual pareja Sofía Clerici. Insaurralde está acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito después de que salieran a la luz fotos de un lujoso viaje a Marbella. Las investigaciones revelaron que Insaurralde vivía en una lujosa casa no declarada y que se gastaron 55.000 dólares en el viaje. Sus bienes están actualmente inhibidos.
El "Caso Seguros" de Alberto Fernández
Alberto Fernández, expresidente argentino, fue imputado por el fiscal Ramírez González por violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. La denuncia se centra en un decreto de 2021 que obligaba a los organismos públicos a contratar seguros a través de Nación Seguros, supuestamente beneficiando a intermediarios amigos del expresidente, lo que resultó en un supuesto fraude de 20.000 millones de pesos. La causa se inició a partir de dos denuncias presentadas ante la Cámara Federal a finales de febrero de 2024. Una de las denuncias fue presentada por la abogada Silvina Martínez y la otra por los diputados nacionales Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. En ambos documentos se referenciaba una nota publicada días antes en Clarín por Ricardo Roa, director del diario, que mencionaba una supuesta "caja negra" de la política en ANSES.
Entre los mensajes filtrados, se encuentran conversaciones entre la secretaria privada del exmandatario, María Cantero, y su esposo, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, quien presuntamente se benefició de contrataciones durante la gestión del Frente de Todos.
Adicionalmente, se difundieron conversaciones entre María Cantero y Fabiola Yáñez, ex Primera Dama, que sugieren presuntos actos de violencia de género por parte del expresidente. Estas revelaciones llevaron a Yáñez a presentar una denuncia formal ante la Justicia acusando a Fernández de violencia de género, agregando un nuevo y grave componente a la ya complicada situación judicial del exmandatario.