Con el vencimiento del congelamiento de dietas, los senadores nacionales pasarán a percibir un ingreso bruto cercano a los $9 millones mensuales. La actualización responde al esquema de aumentos acordado en paritarias con los trabajadores legislativos y entrará en vigencia con los sueldos liquidados a partir de mayo.
El congelamiento de sus salarios, que se mantuvo durante ocho meses, fue prorrogado hasta marzo por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Sin embargo, al no registrarse nuevas resoluciones ni objeciones formales por parte del cuerpo legislativo, los aumentos establecidos en los primeros meses del año para el personal del Congreso impactarán también en las dietas de los senadores.
Según trascendió, los legisladores pasarán a cobrar poco más de $9 millones en bruto, lo que representa entre 6,5 y 7 millones de pesos en mano, dependiendo de los descuentos y retenciones. Este monto equivale a entre 18 y 20 jubilaciones mínimas, si se tiene en cuenta el haber mínimo con bono de $366.481,74.
Aumentos establecidos acorde a la inflación
El régimen salarial del Senado está vinculado a las paritarias firmadas por los gremios legislativos. En este caso, se acordaron incrementos del 1,5% para enero y del 1,2% para febrero, ambos con carácter retroactivo. Mientras que en la Cámara de Diputados las actualizaciones dependen de las negociaciones internas encabezadas por su presidente, en el Senado el mecanismo es más automático: al no frenarse, los aumentos se trasladan directamente a las dietas.
La decisión de no volver a congelar los sueldos no fue debatida en el recinto. La última oportunidad para discutir el tema fue a mediados de abril, cuando aún era posible emitir una resolución antes del cierre de la liquidación salarial. Pese a ello, no se presentaron proyectos ni se abrió el debate. Solo el senador cordobés Luis Juez expresó su disconformidad de manera formal, solicitando que los aumentos no se aplicaran a su caso particular. Sin embargo, este tipo de medidas individuales no están contempladas dentro del régimen actual.
Este nuevo esquema salarial vuelve a poner bajo la lupa la relación entre los ingresos de los funcionarios públicos y el resto de la ciudadanía, especialmente en un contexto donde el salario mínimo y las jubilaciones se encuentran muy por debajo de la canasta básica.