El Gobierno nacional abrirá esta semana una instancia de diálogo con los gobernadores considerados "dialoguistas" con el objetivo de contener una posible derrota legislativa ante la nueva mayoría opositora en el Congreso. La jugada busca anticiparse al escenario que podría desencadenarse tras el envío al Ejecutivo de las leyes votadas en el Senado, entre ellas el paquete previsional que prevé un aumento a las jubilaciones, la suba del bono previsional, la reactivación de la moratoria y la declaración de emergencia en discapacidad.
El paquete de leyes sería girado este miércoles desde la Cámara Alta, lo que activará el plazo legal de 10 días hábiles para que el presidente Javier Milei decida si promulga o veta total o parcialmente las normativas. De acuerdo con los tiempos establecidos, la fecha límite para tomar una decisión será el 30 de julio.
Desde el oficialismo explicaron que el retraso en el envío del expediente responde tanto a cuestiones técnicas como políticas. En lo técnico, debe corroborarse que el texto enviado sea idéntico al que fue aprobado en el recinto, lo cual no demandaría demoras ya que no se introdujeron modificaciones. En lo político, el movimiento abriría una ventana de tiempo clave para negociar apoyos parlamentarios en plena feria legislativa.
La Casa Rosada espera usar ese margen para intentar reconstruir un “bloque de veto” en la Cámara de Diputados que impida que una eventual insistencia opositora prospere. En ese sentido, el acuerdo electoral recientemente alcanzado con el PRO en la provincia de Buenos Aires fortalece la alianza entre ese espacio y La Libertad Avanza, sumando entre ambos unos 74 diputados. Con aportes de aliados, podrían llegar a 80, aunque todavía por debajo de los 87 votos necesarios para sostener un veto.
Desde sectores opositores que impulsaron las leyes, manifestaron su optimismo: “Hay muchos que hasta ahora estaban en silencio y ya no esconden el enojo con el oficialismo. Eso nos puede jugar a favor”.
Los puntos que generan mayor consenso dentro del Congreso son el incremento del 7,2% a las jubilaciones, el bono de $110.000 y la emergencia en discapacidad. En cambio, la reinstauración de la moratoria previsional aparece como el aspecto más vulnerable y sujeto a posibles recortes.
El desenlace dependerá no solo de la decisión que adopte el presidente Milei, sino también del grado de respaldo político que logre construir en los próximos días. La pulseada entre el Ejecutivo y el Congreso, en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, promete sumar tensión en un escenario de creciente presión social.