El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF N°2) ordenó este martes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados en la causa Vialidad que restituyan al Estado un total de $684.990 millones, tal como fue fijado en la sentencia por el desvío de fondos públicos. Los acusados tienen 10 días hábiles, con fecha límite el 13 de agosto, para realizar el pago, bajo apercibimiento de que comenzará la ejecución de bienes.
El tribunal también rechazó el pedido de la defensa de la expresidenta, que solicitaba pagar solo el 6% de esa cifra, argumentando un cálculo pericial propio que estimaba su responsabilidad en $42 mil millones. Sin embargo, los jueces avalaron el monto determinado por los peritos de la Corte Suprema.
La resolución firmada por el juez Jorge Gorini instruye al Banco Nación a abrir una cuenta a nombre del tribunal para que los condenados efectúen el depósito. Además, el magistrado dispuso la ampliación de embargos preventivos sobre los bienes de los imputados para garantizar el recupero del dinero.
El fallo especifica que el pago debe ser asumido de forma solidaria entre los nueve condenados, sin detallar cuánto debe abonar cada uno. En ese sentido, se deberán poner de acuerdo entre ellos sobre cómo distribuir la responsabilidad económica para reparar el perjuicio al Estado.
“Íntimese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”, señala el escrito judicial.
Investigación patrimonial paralela
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsaron medidas adicionales para garantizar el decomiso de bienes. En particular, pidieron que las restricciones que impiden a Lázaro Báez disponer de su patrimonio se extiendan a todos los condenados.
Además, solicitaron que se investigue a Claudia Insaurralde, pareja del empresario, por presuntamente haber actuado como testaferro o prestanombre, luego de que Báez le otorgara en 2020 un poder amplio para manejar sus negocios. La fiscalía pidió reconstruir su patrimonio desde 2016, ya que se sospecha que podría haber ocultado o transferido bienes del empresario condenado.
La causa Vialidad es una de las más emblemáticas en torno a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, y esta medida representa una instancia clave en la reparación económica del daño al Estado.