El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. La explosión causó la muerte de 85 personas e hirió a más de 300. A tres décadas de la tragedia, la causa sigue sin esclarecerse completamente, y la justicia argentina continúa buscando a los responsables.
El ataque: un atentado sin precedentes
La AMIA, una de las instituciones más emblemáticas de la comunidad judía argentina, fue devastada por la explosión. La onda expansiva destruyó el edificio y dañó propiedades cercanas. La magnitud del ataque lo convirtió en el atentado terrorista más grave en la historia de Argentina y en el peor ataque contra una comunidad judía fuera de Israel.
La investigación fue asignada al juez federal Juan José Galeano y a los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia. Desde el principio, surgieron indicios que apuntaban a la participación de Hezbollah, grupo terrorista chiita libanés, con apoyo de Irán. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes y la complejidad de la trama dificultaron el esclarecimiento del caso.
Encubrimiento y desvío de la investigación
A lo largo de los años, se descubrió una serie de irregularidades en la investigación. En 2001, se reveló que el juez Galeano había pagado 400.000 dólares al imputado Carlos Telleldín para que inculpara a policías bonaerenses en la entrega del vehículo utilizado como coche bomba. Este pago fue considerado un acto de encubrimiento. Posteriormente, se descubrió que la "pista siria", que apuntaba a ciudadanos de origen sirio, fue abandonada sin una investigación adecuada. Estas acciones llevaron a la apertura de una causa paralela conocida como "AMIA 2", que investigó el encubrimiento del atentado.
En 2024, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictaminó que Irán fue responsable del atentado, calificándolo como un "crimen de lesa humanidad". La corte señaló que Hezbollah ejecutó el ataque bajo la dirección de funcionarios iraníes. Sin embargo, la decisión no presentó pruebas directas de la participación de Irán, lo que ha generado controversia y debate en la sociedad y la comunidad internacional .
La muerte del fiscal Alberto Nisman
En 2015, el fiscal Alberto Nisman, quien había acusado a altos funcionarios iraníes de estar involucrados en el atentado, fue encontrado muerto en su departamento con un disparo en la cabeza. Su muerte, ocurrida un día antes de presentar su denuncia ante el Congreso, fue inicialmente considerada un suicidio. No obstante, investigaciones posteriores sugirieron que podría haber sido un homicidio vinculado a su trabajo en el caso AMIA. La falta de avances en la investigación de su muerte ha alimentado teorías de encubrimiento y ha dejado una herida abierta en la búsqueda de justicia .
Implicados y acusados
A lo largo de los años, se han señalado a diversas personas y entidades como responsables o cómplices del atentado:
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Carlos Telleldín: comerciante de autos usados, fue acusado de haber entregado el vehículo utilizado en el ataque. Durante el juicio, se descubrió que había recibido dinero para inculpar a policías bonaerenses.
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Juan José Galeano: juez encargado de la investigación, fue destituido por manipulación de pruebas y encubrimiento.
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Hugo Anzorreguy: exjefe de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), acusado de desviar la investigación.
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Rubén Beraja: presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), señalado por su posible complicidad en el encubrimiento.
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Jorge "Fino" Palacios: exjefe de la Policía Federal, involucrado en la manipulación de pruebas.
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Carlos Menem: expresidente de Argentina, acusado de haber interferido en la investigación debido a sus vínculos con Siria .
30 años sin justicia
A pesar de los esfuerzos de familiares de las víctimas, organizaciones sociales y la comunidad internacional, el atentado sigue sin esclarecerse completamente. La falta de pruebas directas, la manipulación de la investigación y la ausencia de condenas han dejado una sensación de impunidad que persiste hasta el día de hoy.
El contexto regional: la Triple Frontera
La región de la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, ha sido identificada como un punto de operaciones para grupos como Hezbollah. Esta zona, caracterizada por su falta de control estatal y actividades ilícitas, ha facilitado la presencia y actividades de organizaciones terroristas en América Latina .
A 31 años del atentado, la sociedad argentina continúa demandando justicia. Familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y la comunidad judía insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La memoria colectiva del país sigue marcada por esta tragedia, que aún espera una resolución definitiva.