Con el calendario electoral por delante y un incremento de la imagen negativa por los resultados en los indicadores económicos, el Gobierno Nacional decidió cambiar el estilo de comunicación y el objetivo de “déficit cero”.
La conferencia de prensa que realizó Nicolás Dujovne (Economía) acompañado por Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Dante Sica (Producción) tuvo la intención de explicar las “nuevas” medidas económicas e inspirar confianza y tranquilidad a la sociedad y los mercados.
Por lo menos así lo intenta describir en Bloomberg Patrick Gillespie con su artículo titulado “Argentina congela los precios, Macri busca apaciguar a los votantes”. Al inicio de la actual administración, las medidas implementadas estuvieron en línea con la política “gradualista” que fomentaba transparentar el mercado, eliminar los subsidios a los servicios públicos e incentivar el ingreso de capitales. Hasta mitad de la gestión, las dos primeras metas alcanzaron resultados altamente satisfactorios. La implementación de esta política arrojó una reducción del orden del 80% en los subsidios y un impacto positivo en el presupuesto nacional.
Este importante logro significaba que el país comenzaba a encaminarse hacia una política de mercado, donde el Estado ocuparía un rol “regulador”, dejando atrás las viejas recetas intervencionistas que por décadas ahuyentaron a los inversionistas.
Es claro que las tarifas actuales fueron acompañando -durante este tiempo- el incremento del dólar y las fluctuaciones originadas en el mercado. El barril de petróleo -que tienen impacto directo en los combustibles, el transporte y la electricidad- paso de U$D 54,50 en enero de 2017 a cotizar U$D 71,95 en abril de este año. La política “gradualista” consistió en incorporar a las tarifas las fluctuaciones del crudo y el incremento de la divisa.
Un día antes del feriado del Jueves Santo, el Gobierno Nacional comunicó que los aumentos programados de gas y energía eléctrica -para el resto del año- serán absorbidos por el Estado Nacional.
El financiamiento o corrimiento del aumento -en el caso del gas- permitirá “aplanar” la factura final, algo que la gestión de Iguacel tenía contemplado para continuar con el objetivo de llevar las tarifas a los valores de mercado sin una intervención por parte de la administración central.
El cambio en la política “gradualista” que venía llevando adelante el gobierno y el giro hacia “viejas recetas” generaron “preocupación” en la industria y en el mundo financiero. La decisión de “atrasar” las tarifas para llegar a las elecciones con mejor proyección, implica un gasto de $ 9.000 millones en el presupuesto nacional.
De acuerdo a las consultas realizadas, los representantes de la industria no tienen un posición clara respecto a las “nuevas” medidas económicas, pero observan con preocupación cómo se desvanece el camino recorrido en estos tres años de gestión; y temen -en absoluto off the record- por los constantes cambios de rumbo que viene dando el gobierno en materia económica y energética.
Para el sector, el desafío de las nuevas medidas no solo apunta a reactivar el consumo sino a contener el valor de los servicios públicos independientemente de las variables del dólar y la cotización del crudo. La primera variable podría estar “comprendida en las políticas del BCRA” -comentó un economista de una refinadora-, pero la segunda (donde Argentina es un tomar de precios) “es improbable que no influya en los costos de los productos y servicios”.
En definitiva, en este juego de la oca la Argentina retrocedió varios casilleros. Los empresarios locales preocupados, la sociedad disconforme y los mercados internacionales con desconfianza. El gobierno con nuevos anuncios y viejas recetas. Una Semana Santa para reflexionar y entender que el sacrificio realizado valió la pena.
Por Raúl Oscar Vila