Cuando el hombre que trabajaba como patrón de un buque pesquero murió en noviembre de 2012, su familia no sólo lloró su pérdida, también se lanzó sobre sus bienes. En cuestión de meses, su pareja y sus dos hijos “oficiales” pusieron en marcha la sucesión. Todo parecía en orden, pero había un detalle que escondieron, una tercera hija, menor de edad, reconocida legalmente, que fue deliberadamente excluida del reparto.
La chica recién pudo hacerse presente en el expediente en marzo de 2014. Para entonces, los bienes, dos propiedades ubicadas en San Antonio Oeste, una como vivienda y la otra con fines turísticos, ya estaban a nombre de la pareja del fallecido. La maniobra fue “legalizada” con una cesión onerosa que firmaron sus propios hijos. Todo cocinado.
La joven inició una demanda y llevó pruebas. En su presentación judicial, explicó que su media hermana no podía hacerse la desentendida, incluso habían intercambiado mensajes por Facebook meses antes de la muerte de su padre. Estos chats, certificados por escribano, fueron el as bajo la manga para demostrar que la habían dejado afuera a propósito.
El golpe no fue solo económico, fue emocional. La joven se enteró de la muerte de su padre por terceros, nadie de su propia familia la llamó. No le dijeron que tenía derecho a algo, la dejaron afuera de todo. “El ocultamiento le impidió usufructuar su porción legítima sobre los bienes hereditarios”, detalló su abogada. En 2019, al recibir el rechazo de una carta documento, la joven inició una acción de petición de herencia contra la mujer que se había quedado con todo. La defensa dijo que no sabía de la existencia de la hija y que los bienes ya no formaban parte de una herencia, sino que habían sido adquiridos por cesión.
No le creyó ni la jueza
La magistrada multifueros de San Antonio Oeste no compró ese argumento. En su fallo, escribió una frase clave: “Resulta imposible que su propia hija no le hiciera saber a su madre de la existencia de esta otra hija de quien en vida fuera su pareja”.
Quedó probada la mala fe y la intencionalidad de borrar del mapa a la hija menor. Por eso, si bien no logró reabrir la sucesión, sí consiguió justicia por otro carril: la jueza ordenó una indemnización por daño moral de cinco millones de pesos, más intereses desde junio de 2013. El fallo reconoció que la chica fue víctima de un “desamparo emocional”, que le frustraron proyectos, y que el precio de ser hija no reconocida en los hechos fue demasiado alto.