Los siete policías que fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato del peón rura salteño Daniel Solano, ocurrido en Choele Choel en noviembre de 2011, no sólo gozan de libertad, sino que todavía revisten en la fuerza de seguridad de Río Negro. Es que el fallo de primera instancia que los condenó descartó dictarles la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Y siguen siendo policías porque la Junta de Disciplina que había prometido tratar la situación de revista de los siete, aún adeuda ese encuentro.
Tras el ejemplar fallo, Pablo Roberto Quidel, Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, y Diego Vicente Cuello, siguieron cumpliendo funciones en la Policía aun cuando la familia de Daniel Solano, sus abogados y organizaciones de Derechos Humanos habían pedido que fueran apartados.
Sus pases a disponibilidad era un tema que la jefatura de la policía le trasladó a la Junta de Disciplina, la que había anunciado que una vez reunida los iba a analizar. Pero el organismo disciplinario se reunió por espacio de dos días en Viedma y omitió incluir en el temario la situación de los condenados, según publicó el portal En Estos Días.
Los uniformados cumplieron incluso tareas de seguridad durante la investigación y la sustanciación del juicio en diferentes localidades de la provincia. Conocida la sentencia, el 3 de agosto, fueron suspendidos preventivamente por indicaciones de la cúpula policial que, según se comunicó oficialmente, buscaba así “garantizar que los condenados no portaran armas”.
Pero el gobierno provincial rechazó los pedidos de exoneración de los imputados durante la investigación bajo argumento de que aún “no había sentencia condenatoria”, según se lo manifestó el Legislador Facundo López (Juntos Somos Río Negro) a la familia Solano y a la querella en las dos oportunidades en que se reunieron para plantear la cuestión.
Daniel Solano tenía 24 años, era oriundo de Tartagal (Salta), y en noviembre del 2011 desapareció del boliche Macuba, de Choele Choel. Desde entonces no hubo datos concretos sobre el destino de su cuerpo, aunque las pesquisas condujeron la investigación hasta un jagüel de la estancia La Manuela, donde se cree fue arrojado por sus asesinos.
Las excavaciones realizadas en el lugar no dieron resultado, pero los peritos tampoco pudieron descartar que fuera ese el lugar donde se ocultó el cuerpo. La medida de prueba se suspendió luego de un mes de tareas por la imposibilidad de excavar hasta el fondo del pozo -a unos 85 metros-, que había sido adulterado y rellenado con concreto y material de descarte.
Durante el juicio, también se supo que tras haber sido sacado a los golpes de Macuba, los siete policías, en tres autos, llevaron a Solano hasta la costa del río.
En la desaparición de Solano no solo hubo implicancia policial, sino también empresarial (el joven trabajaba para la empresa Agrocosecha SRL, con sede en Córdoba, a la cual tercerizaba servicios la multinacional Univeg Expofrut SA, radicada en Lamarque), y judicial por presunto encubrimiento. Sin embargo el tribunal descartó la hipótesis de la querella de que la muerte de Solano haya sido consecuencia de su fuerte protagonismo sindical.
El caso Solano tiene además 25 causas conexas por otras desapariciones y muertes de trabajadores norteños, trata de personas, narcotráfico, estafa laboral y corrupción empresarial, entre otras.
