Cromañón: los muertos por la desidia y la corrupción

Diez minutos antes de las once de la noche del 30 de diciembre de 2004, la banda del Pato Fontanet, Callejeros, arrancó el recital en el boliche Cromañón, en el barrio porteño de Once. El lugar estaba repleto. Un rato antes el gerenciador Omar Chabán le pidió al público que no encendieran bengalas. Pero cuando sonaba la primera canción, una “candela” surcó el aire e impactó contra la media sombra que cubría el techo. El fuego avanzó en segundos por toda la superficie. La banda dejó de tocar y se apagaron las luces. Un humo denso y altamente tóxico invadió el lugar. Las 4500 personas entraron en pánico y buscaron desesperadamente escapar. Los baños habían sido usados como “guarderías” de niños. La puerta de emergencia estaba cerrada con candado y la multitud se amontonó en la única salida posible, que fue una trampa mortal.

Ciento noventa y cuatro personas murieron y otras 1400 resultaron heridas. Centenares quedaron con secuelas físicas y síquicas. Y el lugar donde estaba emplazado hoy es un museo del horror.

La causa judicial que se abrió a partir de esa masacre desnudó una oscura trama de coimas e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, más allá de quien haya sido el responsable de encender y arrojar la bengala..

“Al estar el establecimiento colmado de gente, en cantidad excesivamente superior a la permitida, y con sus salidas en parte obstruidas y en algún caso ‘clausurada’, y tomando en consideración que al instante de iniciarse el incendio se cortó la luz de la parte interior del local, denotan el peligro al que se vieron expuestas las personas”, estableció en uno de sus fallos el Tribunal Oral en lo Criminal 24.

Tres años después de la tragedia, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la superintendencia de Bomberos porque recibían coimas de empresarios. La propia subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fizsbin –luego condenada- afirmó que “los bomberos recibían coimas para habilitar boliches” en la Ciudad de Buenos Aires.

En el fallo, el tribunal citó un informe oficial alarmante: un 70 por ciento de los boliches carecía de sistema contra incendios y un 20 por ciento nunca había renovado el certificado otorgado por la superintendencia de Bomberos.

Fueron condenados el jefe de Prevención de Incendios Alberto Corbellini y Marcelo Nodar y Marcelo Fabián Esmok, a quienes los empresarios Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca le otorgaban ciertas sumas de dinero a cambio de no verificar las condiciones de higiene y seguridad de sus locales.

Las responsabilidades políticas

En diciembre de 2004, la subsecretaria de Control Comunitario, Fabiana Fiszbin, Gustavo Juan Torres, director General de Fiscalización y Control y Ana María Fernández, directora general adjunta, fueron juzgados junto con el subcomisario Carlos Díaz, el gerenciador del boliche, Omar Chabán, y los integrantes de la banda Callejeros.

Para el Tribunal, Fiszbin “debía ejercer, controlar y coordinar el poder de policía en materia de salubridad, seguridad e higiene en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires”. Fernández, por su parte, tenía como responsabilidad ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos. “Ambas imputadas tenían un deber de control y lo incumplieron notablemente”, marcaron los jueces. Torres fue absuelto en ese juicio. Cuando la causa llegó a Casación, los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky lo incluyeron como responsable.

El caso Ibarra

El por entonces intendente de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido por el mecanismo de juicio político abierto en el Concejo Deliberante. Los ediles, por mayoría, consideraron que Ibarra debía estar al tanto de los mecanismos de corrupción enquistados en las áreas sensibles de control de su gobierno.

El ex fiscal federal fue sometido a un proceso penal que terminó con su sobreseimiento por parte de la jueza María Angélica Crotto, para quien los hechos que se le imputaban no constituían delito y marcó que entre las funciones de Ibarra no estaba la de controlar de forma personal el funcionamiento de los locales bailables.

Un mes más tarde, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional coincidió con esa argumentación y ratificó el sobreseimiento.

Ambos fallos fueron apelados y Casación volvió a fallar en el mismo sentido que las instancias anteriores en septiembre de 2007.

Hasta se investigó si tuvo responsabilidad en un presunto accionar negligente en las tareas de rescate y atención de las víctimas. Esa causa se mantuvo abierta tres años hasta que la Cámara de Casación afirmó que “los funcionarios actuaron en la medida de las posibilidades que las características de la tragedia les permitió” .