Dos hombres que lideraban una banda dedicada a la elaboración y distribución de facturas truchas, fueron condenados por un tribunal de la provincia de Mendoza, donde tenían la base de operaciones. Otras 27 personas recibieron condenas menores como integrantes de la organización. La Justicia probó un fraude fiscal de 222 millones de pesos. Entre sus “clientes”, figuraban contribuyentes de Neuquén y Chubut, entre otras provincias.
Los condenados se llaman Pablo Prete y Sergio Delfino y la sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mendoza, a través del sistema de videollamada. Los jueces lograron dar por probado que la organización “elaboraba y distribuía facturas apócrifas a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego utilizaban para reducir la base de cálculo de cargas tributarias.
Prete recibió una pena de siete años y medio de prisión y Delfino de siete años de cárcel. Los dos fueron señalados por la fiscalía como responsables de haber causado un perjuicio a la AFIP por 222 millones de pesos a través de lo que se dio en llamar una “usina de facturas truchas”. Se informó que ambos estuvieron prófugos desde 2015 cuando se realizaron allanamientos en sus domicilios y diferentes estudios contables.
La hipótesis de la acusación fue que en una primera instancia se buscaban personas insolventes dispuestas a recibir dinero en retribución por entregar sus datos personales para inscribirse como contribuyentes ante la AFIP, y así hacerlas pasar por integrantes de sociedades fantasmas.
La modalidad del delito
Mediante la creación de sociedades “de cartón” o la inscripción de estas personas, se obtenía la autorización por parte de la AFIP para la impresión de facturas y comprobantes, que se llevaba a cabo en distintas imprentas. Otra modalidad utilizada era la del escaneo de facturas y tickets de contribuyentes reales para luego consignar con ellas operaciones irreales, una maniobra que dificultaba aún más la detección de la falsedad de estos instrumentos. Finalmente, estas facturas -escaneadas, de contribuyentes insolventes o de sociedades “fantasmas”- eran ofrecidas a los potenciales clientes a través de sus jefes e intermediarios.