Piden imputar a jefes policiales por el oficial ahogado

A poco de cumplirse dos meses de la absurda muerte del joven oficial de la Policía de Río Negro, Gabriel Emanuel Mandagaray, la causa esta aletargada, no hay acusados y es un tema del que no se habla en la Justicia. Las consultas sobre el tema tienen una sola respuesta: "deben llegar las pruebas y exámenes que se solicitaron". De todos modos, el abogado de la familia le solicitó formalmente al fiscal de la causa que avance en la acusación contra dos altos jefes policiales que aprobaron la realización del curso de supervivencia del grupo especial COER en Bahía Creek sin percatarse que no estaba previsto el uso de salvavidas, y la presencia de una lancha de Prefectura Naval y una ambulancia para atender cualquier emergencia.

Esta semana el abogado Damián Torres, con una importante experiencia de litigar en contra de la Policía rionegrina, presentó un escrito para que el Ministerio Público avance en la acusación formal contra el Comisario General Carlos Grasso, hoy desplazado de la Dirección General de Capacitación y Perfeccionamiento; y el Comisario Inspector Oscar Szmansky, quien estaba a cargo del Departamento Académico de la fuerza. Por sus manos pasó el expediente que detallaba cómo se desarrollaría el curso que el COER debía realizar en Bahía Creek.

Para Torres, ambos incumplieron los deberes de funcionarios públicos, según el artículo 248 del Código Penal. Al poner su firma y aprobar el curso no tuvieron en cuenta los tres primeros artículos del Decreto 430/1988 del Reglamento Policial, al no controlar de qué manera se desarrollaría el entrenamiento del grupo especial de la Rionegrina. Puntualmente sostiene que "tal inobservancia posibilitó que se modificara el lugar de realización"  y se haga en la desértica playa ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Viedma.

Esta comprobado que en el lugar no había elementos mínimos de seguridad para que los oficiales sean obligados a meterse al agua con un pesado tronco y con el uniforme puesto, con borceguíes, incluso sin saber nadar, después de caminar unos 45 kilómetros entre las dunas. Torres califica esto como una irresponsabilidad de quienes debieron revisar cada uno de los puntos y verificar que se cumplan las condiciones para realizarlo.

Los dos jefes, integrantes de la segunda línea de la cúpula policial, fueron separados cuatro días después de la muerte de Mandagaray, por asfixia por sumersión ante el agotamiento físico que presentaba. Antes, el Jefe de Policía había desplazado de sus cargos quienes estaban a cargo de la supervivencia, el Jefe de COER de Viedma Alejandro Gattoni, coordinador general de la capacitación; su par de Cipolletti, Alfredo Nahuelcheo y los sargentos Maximiliano Vitali de COER de Viedma y Marcelo Contreras de Bariloche.

Hasta el momento, y a casi dos meses de la tragedia, ocurrida el 15 de abril, la Justicia sólo realizó una audiencia por el caso y fue a pedido de la querella. El 30 de abril, se solicitaron formalmente medidas cautelares para impedir que cualquiera de los jefes desplazados pueda acercarse o mantener contacto telefónico con cualquiera de los otros oficiales participantes de la capacitación y así evitar que exista presión hacia los testigos.

Luego, la causa sufrió un parate y nada se sabe del avance de la investigación. Trascendió que luego de varios allanamientos, aún no pueden encontrar una cámara Go Pro que Gattoni tenía durante la capacitación y con la que se habría grabado el momento en que Mandagaray junto con dos compañeros el oficial Enmanuel Quiriban y el oficial Fabián Erice son obligados a meterse al agua hasta el pecho, llevando en sus hombros un tronco y sin poder sacarse el uniforme y el calzado. 

El oficial, de 25 años, tenía un hijo y sus padres eran Jefes de diferentes regionales de la Policía, Antonio Mandagaray era el titular de la Regional I de Viedma, en tanto que su mamá,  Adriana Fabi era la Jefa de la Regional VI de Los Menucos. Ambos pidieron licencia y se presentaron como querellantes en la causa.