La defensa del cabo Jorge Sosa, quien fue señalado por los demás acusados, de haber sido quien golpeó salvajemente a Jorge Gatica hasta provocarle la muerte, desplegó una estrategia clara en la audiencia de hoy por el juicio. La maniobra fue clara y evidente, instalar incertidumbre en el Jurado Popular sobre las verdaderas causas de la muerte y la custodia de la Comisaría 45° después del crimen por el que se juzgan a cuatro policías de Río Negro.
Con un testimonio técnico y una evaluación sobre el procedimiento policial, el abogado Damián Moreyra intentó desviar la mirada de la brutal golpiza que, según los informes previos, sufrió la víctima mientras estaba esposado por la espalda. Los otros tres acusados, la sargento 1° Andrea Henríquez (38 años), el cabo 1° Walter Denis Carrizo (36 años), y el sargento Vilmar Alcides Quintrel (32 años), coincidieron que fue Sosa el que golpeó varias veces a Gatica.
Como testigo presentado por Moreyra, declaró el médico cardiólogo Pablo Schvartzman quien ofreció una explicación técnica sobre las fracturas costales que sufrió la víctima. Argumentó que es improbable que hayan sido consecuencia de una golpiza y que podrían haber ocurrido durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas dentro de la comisaría.
"El hecho de que haya fracturas en ambos lados del tórax sugiere una presión simultánea sobre el esternón, lo cual es una característica del procedimiento de RCP", explicó el cardiólogo ante el jurado popular. Incluso utilizó un esqueleto humano como apoyo visual. Además, subrayó que las costillas, al ser flexibles, responden de manera distinta dependiendo de su estado previo, lo que es improbable que ambas zonas se fracturaran de manera simétrica por un impacto de puño.
La defensa también presentó al perito criminalístico Sergio Vera, retirado de la Policía de Neuquén, quien declaró sobre las condiciones en que se preservó la escena del crimen. Explicó la importancia de resguardar el lugar donde ocurrió la agresión, afirmando que los protocolos requieren delimitaciones precisas para evitar contaminación de pruebas.
Concretamente, Vera planteó la posibilidad de que las pruebas recolectadas pudieran haber estado comprometidas por una preservación deficiente y de esa manera carezcan de valor científico. Es importante aclarar que el edificio de la Comisaría 45° en el barrio Anaí Mapu no se clausuró y continuó con su actividad. Las pericias recién fueron realizadas días después cuando Policía Federal se hizo cargo de la investigación, al no poder intervenir la fuerza rionegrina porque estaba investigada la totalidad de la guardia.