El golpe judicial no solo condenó un delito, sino que también envió un mensaje contundente sobre las consecuencias de la violencia de género en el ámbito laboral. Un empresario de Viedma, sentenciado por abuso sexual, deberá pagar más de 12 millones de pesos tras despedir a su víctima en un intento de silenciarla.
El caso expone el despiadado mecanismo de castigo que muchas mujeres enfrentan al denunciar a sus agresores. Todo comenzó en junio de 2020, cuando la trabajadora ingresó a un estudio jurídico e inmobiliario sin contrato formal, desempeñando tareas de secretaría y participando en proyectos inmobiliarios. Un año después, durante una conversación laboral, su empleador cruzó un límite imperdonable: intentó besarla y la tocó sin consentimiento.
Lejos de quedarse en el silencio, la víctima enfrentó el horror con determinación. Exigió la formalización de su empleo y denunció penalmente a su agresor. La respuesta fue brutal: el empresario negó los hechos, alegó abandono de trabajo y procedió a despedirla con acusaciones infundadas que la Justicia desestimó categóricamente.
El fallo fue lapidario. En marzo de 2023, el empleador fue condenado penalmente por abuso sexual simple, y poco después, la Justicia laboral dictaminó que el despido fue una represalia directa. Como castigo, el tribunal ordenó al empresario pagar más de 12 millones de pesos en indemnizaciones, diferencias salariales y sanciones por no haber registrado la relación laboral.
La decisión judicial no solo reconoce el daño causado, sino que también refuerza la necesidad urgente de aplicar una perspectiva de género en casos de violencia laboral. El tribunal advirtió que el despido no fue solo una desvinculación, sino un mecanismo de silenciamiento y castigo.
Además del monto millonario, el agresor deberá afrontar las costas del juicio, incluyendo los honorarios profesionales de su representación legal y la de la trabajadora. Un fallo que marca un precedente y subraya que la impunidad ya no es opción.