El gobierno provincial de Neuquén promulgó la ley N° 3520, que regula el uso de celulares en escuelas tanto públicas como privadas. La norma prohíbe el uso de dispositivos móviles en niveles Inicial y Primario, salvo autorización especial, y establece condiciones específicas para su empleo en el nivel Secundario. Fue sancionada mediante el decreto 2025-809 y busca fomentar el uso responsable de la tecnología en el ámbito educativo.
Esta legislación complementa medidas ya vigentes, como el bloqueo a redes sociales, aplicaciones no educativas y páginas web dentro de los establecimientos, además de capacitaciones docentes enfocadas en el uso pedagógico de la tecnología. También aborda el impacto del uso excesivo de pantallas en la salud emocional y la concentración de los estudiantes.
Desde el Ministerio de Educación, destacaron que esta normativa fortalece los pactos institucionales ya existentes y deja en manos de cada comunidad educativa la tarea de definir cómo aplicar los lineamientos según su propio proyecto pedagógico. El objetivo es lograr una implementación contextualizada, sin perder de vista el foco en la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.
En cuanto a las excepciones pedagógicas, la ley permite el uso de celulares en nivel primario solo con autorización de la dirección y dentro de un proyecto didáctico previamente aprobado, supervisado y comunicado a las familias. En el nivel secundario, los dispositivos solo se podrán utilizar si el docente a cargo lo indica, y siempre con una justificación curricular o didáctica. Fuera de esos casos, los celulares deben estar apagados, guardados y fuera de vista.
Además, cada escuela deberá crear sus propios reglamentos internos de manera participativa, en el marco de sus acuerdos escolares de convivencia. La autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Educación provincial, diseñará campañas de sensibilización en ciudadanía digital y promoverá el uso seguro de las tecnologías. Esto incluirá la prevención del ciberacoso, la protección de datos y la identificación de contenidos dañinos. También se realizarán evaluaciones periódicas cada dos años para medir el impacto real de la ley en la comunidad escolar.