Cuatro meses, una mochila con sándwiches y una botella de agua bastaron para que Nicolás Damián Heredia fuera encarcelado, imputado de haber iniciado uno de los incendios más graves del verano patagónico. La Fiscalía de El Bolsón, presionada por un clima social inflamado y exigencias políticas de resultados inmediatos, construyó sobre arena: lo acusó sin fundamentos sólidos y lo privó de su libertad preventiva durante más de veinte días. El mismo fiscal que lo mantuvo preso, Francisco Arrien, ahora dictó el sobreseimiento y "nada le debe al Estado de Río Negro".
El 5 de febrero, Heredia caminaba por un sendero en Mallín Ahogado. Había llegado desde Senillosa a vacacionar en El Bolsón cuando comenzó el fuego. No dudó en colaborar como voluntario cuando las llamas llegaron a la zona de Wharton, el camping desde donde comienza la travesia hacia el Cajón del Azul. Luego descansó y salió a la madruga al mismo lugar para ayudar. Pero esa noche, la percepción de dos testigos, que lo vieron con "actitud sospechosa", bastó para que la Policía lo detuviera. Un supuesto envase con "líquido azul" activó todas las alarmas. Las pericias, sin embargo, demostraron lo contrario: el contenido no era combustible, y los únicos elementos dentro de la mochila eran ocho sandwiches que él había preparado para los brigadistas.
Antes de tener las pericias, el 7 de febrero, el fiscal Francisco Arrien, junto con el Jefe de fiscales de Bariloche, Martín Lozada, formularon cargos por incendio agravado. El juez Ricardo Calcagno avaló la prisión preventiva, pese a la férrea oposición de la defensa pública, a cargo de Nelson Vigueras y Mónica Goye. La maquinaria penal se puso en marcha sin pruebas concluyentes, sólo sobre la base de prejuicios, sospechas vagas y la urgencia por mostrar eficacia.
Cuatro meses después, la misma fiscalía que lo acusó pidió su sobreseimiento. Las pericias al celular, la mochila y la supuesta botella incendiaria no arrojaron ningún indicio relevante. No hubo ADN, no hubo huellas, no hubo vínculos con grupos organizados ni intenciones ocultas. No hubo nada. Sólo un hombre que quiso ayudar y terminó criminalizado.
El fallo que sobreseyó a Heredia, con el aval del fiscal Jefe Martín Lozada y la firma del juez Juan Pablo Laurence, dejó en claro la inexistencia total de elementos que justificaran siquiera una imputación formal. "Nada debe al sistema penal rionegrino", sentenció el magistrado. Aunque si el Estado a él. Pero las secuelas ya están. El descrédito público, la exposición mediática, el calvario legal. Como advirtió la defensora adjunta Goye, “los prejuicios a veces ganan sobre la realidad”, y eso, en un Estado de derecho, es tan grave como inadmisible.