Pasaron más de doce meses para que la Justicia de Río Negro decidiera lo que era evidente desde el primer día: cuatro policías de la Comisaría 47° de J.J. Gómez sometieron a dos adolescentes a una detención ilegal, los golpearon y simularon fusilarlos en un descampado de la zona norte. Finalmente, el juez de Garantías finalmente dictó la imputación formal contra los cuatro uniformados por un combo de delitos escalofriante: torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones calificadas, amenazas con armas y omisión de denuncia.
El hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2 y las 4:30 de la madrugada, y fue recién este 2 de julio de 2025 cuando la Justicia avanzó con las acusaciones. En el medio, las víctimas, dos chicos que aún son menores de edad- convivieron con el miedo, el silencio institucional y la revictimización judicial.
Según la reconstrucción fiscal, todo comenzó en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en el sector norte de JJ Gómez. Allí llegaron los policías en una camioneta policial, y uno de ellos bajó y disparó varias veces al aire para intimidar y ahuyentar a un grupo de chicos. Después, sin orden judicial ni motivo legal, subieron por la fuerza a dos adolescentes al móvil.
¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?
Los detalles que siguen son difíciles de digerir y retrotraen a una época oscura de fines de los 70s. Una mujer policía manejaba, otra iba en la caja, un tercero se sentó en el asiento trasero con los chicos, y el cuarto –el mismo que disparó– los llevó hasta un descampado. Allí los golpeó, los humilló, les gritó que corrieran y volvió a disparar, esta vez hacia sus pies. Uno de los menores terminó con una herida en el muslo por el impacto de un perdigón. El mismo policía les lanzó una frase que hiela la sangre: "¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?" mientras empuñaba su pistola 9 milímetros. La misma que la fuerza le provee para proteger a la comunidad y no para castigarla, reprimirla o dañarla.
El relato de horror terminó con los chicos escapando hacia el sector de bardas, donde permanecieron ocultos en la oscuridad hasta que los policías se fueron. La denuncia de sus familias, los certificados médicos, las Cámaras Gesell, los informes del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), y hasta el propio parte de guardia de la Unidad 47° respaldaron la historia. Todo eso avanzó a muy baja velocidad durante un año en algún escritorio del Ministerio Público.
Recién ahora, el juez actuante resolvió imputar formalmente al principal agresor como autor de torturas agravadas, privación ilegal de la libertad y amenazas armadas. Las dos mujeres policías fueron acusadas por omisión de denunciar tortura y como partícipes necesarias en la detención ilegal. El cuarto policía -que no intervino, pero tampoco hizo nada- fue imputado como partícipe necesario del mismo combo de delitos.
La defensa intentó encuadrar los hechos como simples "vejaciones", como si se tratara de un exceso verbal. El Ministerio Público Fiscal no lo permitió. Las medidas cautelares también llegaron tarde, desde ahora los cuatro policías imputados no podrán acercarse a las víctimas ni a las otras 14 personas protegidas que aportaron datos para la investigación. Las prohibiciones permanecen hasta el 2 de noviembre.
Este nuevo caso de abuso policial recuerda la sentencia de hace algunas semanas, en la que la Justicia de Cipolletti condenó a cuatro policías de la Comisaría 45° de otra barriada popular como el Anaí Mapu de Cipolletti, que golpearon salvajemente a un detenido hasta que le provocaron la muerte.