Este lunes 21 de julio a las 8.30 comenzará en Neuquén el juicio oral por la estafa con planes sociales en la que están imputados 14 exfuncionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social del anterior gobierno provincial y particulares. La actuación del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso, Juan Narváez, será clave para determinar si los responsables enfrentan penas de hasta ocho años de prisión.
La causa investiga una supuesta megaestafa con planes sociales por un perjuicio superior a los 153 millones de pesos ocurrida entre 2020 y 2022. La actualización realizada en septiembre del año pasado elevó la suma a más de 1.000 millones de pesos.
Las audiencias del juicio se desarrollarán en la sala 12 de la Ciudad Judicial y se extenderán hasta mediados de septiembre. En un principio se citaron a 211 testigos.
Catorce personas llegan al juicio, imputados por conformar una asociación ilícita con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9.303 hechos.
La causa comenzó con una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén luego de detectar irregularidades en el otorgamiento de subsidios a personas desempleadas. Se secuestró documentación que reveló una organización estructurada en niveles, con listados paralelos, extracción de dinero mediante cheques y tarjetas ajenas, y reparto de fondos entre punteros y dirigentes políticos.
La revelación clave fue la declaración del exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz, quien se presentó como arrepentido. Sanz detalló la ruta del dinero: beneficiarios activaban tarjetas de débito y luego entregaban PIN y tarjeta a “extractores”, quienes retiraban gran parte del subsidio y lo depositaban en una "caja azul" que acababa en el despacho de Ricardo Soiza. Luego, los fondos se distribuían a punteros políticos o se destinaban a gastos personales de los que estaban al frente de la banda.
Según la acusación fiscal, se ejecutaron 9.303 operaciones fraudulentas.
Los cinco niveles del esquema de la estafa
Nivel superior (jefes): exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; coordinador Tomás Siegenthaler; director de Planes Sociales Ricardo Soiza; director de Fiscalización Néstor Sanz; jefe de Programas Marcos Osuna.
Colaboradores administrativos: Luis María Gallo (finanzas), Laura Carolina Reznick, Julieta Oviedo (tesorería), Julio Arteaga (auditoría).
Reclutadores: operadoras que captaban beneficiarios ficticios.
Extractores: personas que retiraban el dinero con tarjetas ajenas o cobraban cheques.
Beneficiarios falsos: incluidos particulares como el abogado Alfredo Cury, quien recibió fondos sin cumplir requisitos
La acusación sostiene que parte de los fondos fueron usados para campañas políticas, vehículos de campaña y hasta el local gastronómico “El Faraón” del exfuncionario Soiza
Las acusaciones
Ricardo Nicolás Soiza: diseño del esquema, manejo de la caja azul y extracción de dinero.
Néstor Pablo Sanz: coordinador de extracción, arrepentido clave.
Marcos Ariel Osuna: reclutamiento y organización de la extracción con tarjetas.
Abel Di Luca: exministro responsable de la supervisión general.
Tomás Siegenthaler: coordinador administrativo, aprobó los listados.
Otros acusados son colaboradores como Gallo, Reznick, Oviedo, Arteaga; reclutadores; extractores y beneficiarios falsos como Cury y Fernando Cardozo Regidor.
El 11 de marzo de 2025 comenzó el control de acusación. La jueza de garantías Carina Álvarez admitió los cargos por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta ajena, en concurso real por 9.303 hechos
Se establecieron convenciones probatorias para agilizar el juicio. También se homologaron dos condenas abreviadas a imputados de nivel más bajo (Ulises Rodríguez Quezada y Aarón Escobar)
La fiscalía solicitó medidas cautelares: embargos, inhibiciones de bienes, retenes sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales para asegurar la reparación al Estado si hay condenas.
El juicio busca determinar la responsabilidad de cada involucrado y, en caso de condena, asegurar el resarcimiento para el Estado mediante la aplicación de penas que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión para quienes sean hallados culpables.
La acusación estará representada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara; será querellante por la fiscalía de Estado Gustavo Kohon.
Por la defensa intervendrán los abogados particulares Pablo Gutiérrez (por Siegenthaler, Reznik, Oviedo y Krom); Gonzalo Rodríguez (Di Luca); Fabián Flores (Gallo); Héctor Hernández (Cardozo Regidor); Elio García (Victoria Contreras).
La defensa pública (Laura Giuliani, Carolina Johanssen y Juan Pablo Piombo) lo hará por Sánz, Osuna, Montoya y Honorio. En el caso de Alfredo Cury, es imputado, se defiende a sí mismo y a Ricardo Soiza.
El tribunal de juicio estará integrado por Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla.