El fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez, junto a la asistente letrada de la misma unidad fiscal, Agustina Jara, rechazaron la propuesta de un imputado por realizar una estafa mediante la venta de una camioneta por Facebook, quien pidió ser sobreseído luego de que la víctima recuperara su dinero, y pidieron que sea juzgado por un tribunal colegiado.
El juez de garantías Luciano Hermosilla coincidió con el fiscal y la asistente letrada y consideró que no podía acceder al pedido del acusado, por lo que dictaminó el pase de la investigación a etapa de juicio, en las condiciones indicadas por la fiscalía.
“La fiscalía tienen intenciones de llevar estos casos a juicio, justamente, para poder erradicar este tipo de hechos, de estafas genéricas, en la ciudad de Neuquén y sus alrededores”, afirmó el fiscal.
El hecho se remonta al 2 de mayo de 2023, cuando dos compradores viajaron desde Buenos Aires para adquirir una camioneta. La teoría de la fiscalía es que, previo al viaje, las víctimas vieron una publicación en Facebook en la que se ofrecía el vehículo, del año 2013. Se contactaron y los atendió una persona que se presentó como “Franco”. En ese instante comenzó la maniobra tendiente a ganarse la confianza de los compradores, mediante el envío de fotos y detalles de la camioneta, para luego fijar un precio de venta. Tras pagar una seña de 20 mil pesos, las víctimas viajaron a Neuquén el 2 de marzo de 2023 y fueron recogidos en el aeropuerto por el vendedor. “Franco” los pasó a buscar en un auto de alta gama y los llevó hacia un domicilio del barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén, donde se encontraban varias personas, entre ellas, el imputado, D.E.
Durante la negociación, la víctima se interesó en una camioneta más nueva y D.E. le exhibió otra que estaba en el lugar, al mismo precio que la anterior. Para concretar la operación ingresaron a la casa, una de las víctimas entregó el dinero al imputado y comenzaron a llenar la documentación. Luego, con la excusa de completar el trámite en la gestoría, E.D se fue del lugar, llevando consigo el dinero y los papeles. Mientras esperaban que el imputado regresara de la gestoría con el trámite realizado, la persona que se identificó como Franco llevó a las víctimas a un comercio de autopartes donde le hizo comprar distintos accesorios para la camioneta.
Más tarde, D.E volvió al domicilio y les dijo a las víctimas que, debido a un problema de la ex AFIP, no se podía realizar la transferencia en ese momento, pero que cuando se solucionara les avisaría para que volvieran a buscarla. De ese modo, las víctimas retornaron a la provincia de Buenos Aires, sin el dinero ni el vehículo que habían comprado. En los días siguientes las excusas continuaron hasta que finalmente se cortó la comunicación.
El perjuicio causado, explicó el fiscal, fue de 10.000 dólares y $ 175.000, y ratificó el delito por el que originalmente se habían formulado cargos: estafa, en calidad de coautor.
Durante la audiencia realizada el jueves, el abogado defensor del imputado solicitó el sobreseimiento, debido a que durante el proceso, una tercera persona le pagó a la víctima una suma de dinero, por fuera del ámbito del proceso penal.
El fiscal Narvaez se opuso, debido a que, en primer lugar, en ningún momento el pago a la víctima se realizó a modo de compensación por el perjuicio causado; y por el otro, porque la pretensión de la fiscalía es avanzar hacia el juicio y solicitar una pena superior a los 3 años de prisión.
“Si no me opongo a esto, damos un mensaje a la sociedad, en el que le decimos al imputado que estafe a otra víctima, que no habrá problemas: afrontará un proceso penal, pero antes del control de acusación podrá ofrecer la reparación. Y esto permite burlar al sistema”, cuestionó Narvaez, que aclaró que la reparación integral a las víctimas es una vía posible para solucionar el conflicto, pero que “en este caso concreto, con el imputado en concreto, por su trayectoria y antecedentes, por investigaciones en curso y otros criterios de oportunidad, no lo es. La idea es que esto se termine”.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías rechazó el pedido de la defensa y ordenó que el caso se resuelva en un juicio, con la modalidad de tribunal de tres integrantes, como solicitó la fiscalía.