Sin sobresaltos transcurrió el juicio por "amenazas simples" contra el ex policía Rubén Ángel "Gato" Muñoz. Aunque desde sus redes sociales intentó victimizarse y hasta prometió movilizar retirados para solicitar su absolución, la audiencia se desarrolló sin problemas y tampoco hubo ninguna manifetación fuera de la Ciudad Judicial de Roca. La fiscal del caso sostuvo que la actitud de Muñoz no fue un hecho aislado, sino parte de un historial de hostigamiento contra funcionarios de Seguridad. La defensa, por su parte, argumentó que el episodio se trató de un cruce verbal sin consecuencias.
Durante el juicio, también se recordó que Muñoz fue expulsado de la Policía por acumulación de faltas disciplinarias, una decisión que fue firmada por el propio Jara cuando era Jefe de Policía. Este dato no pasó desapercibido en la audiencia, donde se mencionó que la enemistad entre ambos data de hace varios años y que el episodio del supermercado solo fue la culminación de una disputa que venía escalando.
La fiscal Belén Calarco expresó en sus alegatos de clausura “que hay formas y métodos que constituyen delitos, no podemos convivir con situaciones de este tipo y dejar que la sociedad caiga en caos. Como auxiliares del Estado debemos evitar que esto suceda para proteger a los ciudadanos. Además debemos recordar dónde estamos: en un juicio donde el imputado habría amenazado al denunciante”.
Además, agregó que “con sólo ver el video corroboramos la actitud hostil y agresiva de parte del imputado, que observaron los dos testigos que declararon en esta audiencia” y que "no hay nada que nos haga suponer que el denunciante haya mentido, a la par que tuvo que modificar hábitos por el temor que le provocaron estas amenazas”.
“La motivación que tiene el imputado la vimos expresada tal como describió el Director de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) -dependiente de Procuración General-, que explicó que se realizó un resguardo remoto de evidencia digital, puntualmente se trató de una publicación en la red social Facebook que habría hecho el imputado en su perfil acerca de la víctima y el episodio que se está tratando en este juicio”, detalló la fiscalía que también expresó la diferencia entre "la lucha por los derechos y otra son acciones que constituyen delitos, como en este caso".
Por su parte, el defensor oficial que representa a Muñoz, alegó que "no ha sido probada la supuesta amenaza, ninguno de los testigos traídos por la fiscalía escuchó nada de lo que aparentemente habría dicho mi asistido. Afirmamos que en ningún momento esto ocurrió, sumado a que el video es sin sonido, y no podemos negar el conflicto de larga data entre las partes”.
“No configura para esta defensa una amenaza, sino que se trata de un reclamo, como empleado policial en su momento y después ex empleado, a la jefatura, ¿cómo va a realizar esto mi asistido frente a todos, sabiendo que están las cámaras de seguridad?. Mientras que sí lo hacía por los medios que él tenía. No se lo puede condenar por un delito que no ha sido probado, por ello solicitamos su absolución”, sembró la duda el defensor.
Lejos de alejarse de la escena pública, tras la condena por tomar la Regional II, Muñoz encontró refugio en la política local, con un respaldo de la familia Soria. Esta relación le permitió obtener un puesto como asesor del concejal sorista Juan Mercado en el Concejo Deliberante de Roca, desde donde continúa ejerciendo influencia.
El juicio por amenazas pone a Muñoz nuevamente en la mira judicial, donde ya cumple una condena de tres años en suspenso por la toma de la Regional II durante la camapaña a gobernador de 2023. El veredicto del juicio se conocerá el próximo viernes a las 12.