Diputados de la comisión de Educación trataron ayer dos proyectos referidos a la regulación del funcionamiento de Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada, uno presentado por el diputado Rodolfo Canini –FG-NE- y otro por Manuel Fuertes –NCN-.
El tema de debate se circunscribió específicamente a la necesidad o no de financiar los salarios de la educación privada con fondos estatales. La discusión comenzó luego de un informe que brindaron Marcelo Guagliardo y Gustavo Aguirre, vocales gremiales del CPE y referentes del gremio ATEN, sobre casos de escuelas privadas que cobran elevadas cuotas a sus alumnos e igualmente el Estado debe abonar los salarios docentes. Por caso, indicaron que dos instituciones cobran cuotas mensuales de 6 mil pesos y reciben del Estado aportes mensuales del orden de los 250 mil pesos, sin tener en cuenta transferencias especiales destinadas a mantenimiento.
Al respaldar su posición sobre la necesidad de clasificar a las instituciones que reciben recursos, Aguirre advirtió que "no todas las escuelas son iguales”, no obstante objetó la posibilidad de favorecer a sectores privilegiados por sobre otros sectores sociales que utilizan la educación pública y en donde el Estado debe igualar las condiciones de acceso al conocimiento.
Remarcó que este año se destinó a escuelas privadas 286 millones de pesos en concepto de pago de haberes, cifra que si se suma a la cuota que en forma particular abona cada alumno, alcanza en los dos casos mencionados un monto equivalente a los 100 o 110 mil pesos de inversión por alumno, lejos de los 23 mil pesos que figuran en el presupuesto educativa para el 2015, comparó.
El informe elevado a la comisión destaca que hay escuelas medias que reciben 476.772 pesos del Estado por mes además de cobrar una cuota de 2500 pesos; o 377 mil pesos aparte de los 1200 pesos de cuota.
Al defender su proyecto, Fuertes pidió no sesgar la mirada sobre algunos colegios y dijo que los datos aportados por ATEN se circunscriben a 10 o 15 establecimientos sobre un universo de 118 escuelas de gestión privada. Revalorizó el rol social de muchas de ellas y dijo que algunos colegios confesionales tienen inserción y compromiso social en las zonas donde se radican. Especificó que muchas de ellas no sólo ofrecen una alternativa educativa, también trabajan sobre problemas de adicciones y violencia.
Canini se refirió a la necesidad de separar entre establecimientos que cobran cuota obligatoria de aquellos que no, y señaló que es muy difícil clasificar entre escuelas con fines de lucro y sin fines de lucro al alertar que todas se encuadraban bajo la segunda lógica a pesar de tener fines comerciales.