El subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereyra, fue intimado por una jueza de Garantías a comparecer para informar qué avances hubo en el compromiso de mejoras en el sistema carcelario. La jueza Raquel Gas le recriminó su no concurrencia y rechazó que el funcionario envíe un representante.
A pedido de la Defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, la jueza de Ejecución, Raquel Gass, resolvió intimar al Subsecretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Pereyra, a concurrir a una audiencia judicial a fin de que informe los avances en los compromisos asumidos el año pasado en el marco de un habeas corpus correctivo.
Petraglia advirtió que la inasistencia de este funcionario a la audiencia fijada para hoy es "una muestra más del incumplimiento por parte del Ejecutivo a las órdenes impartidas" por la jueza de ejecución.
La funcionaria del MPD recordó que en una audiencia realizada el 7 de noviembre del año pasado, se notificó a Pereyra que debían instalar dos trailers para el dictado de clases a internos de los pabellones 4 y 5 de la Unidad 11, cubrir cargos en el Gabinete Criminológico (seis profesionales y dos administrativos) y comenzar las obras de las aulas para la Unidad. La Defensora subrayó que en esa misma audiencia el funcionario había aceptado todas las solicitudes y reconocido que eran de fácil cumplimiento.
Pereyra se excusó señalando que se encuentra en Las Ovejas en el marco de la búsqueda del prófugo Lorenzo Muñoz, y ofreció que concurriera un funcionario de su cartera. Petraglia sostuvo que "la audiencia le fue notificada con suficiente tiempo de antelación", y Gass dijo que "cuando un juez convoca a un funcionario a dar explicaciones, esta persona no puede designar a un representante, tiene que concurrir él". Agregó: "acá tenemos que estar sentados con funcionarios con capacidad de decisión, de lo contrario sería un dispendio jurisdiccional".
Además de enfatizar que estos incumplimientos por parte del Ejecutivo afectan el derecho a la Educación de los internos, Petraglia indicó que "la falta de cobertura de cargos en el Gabinete Criminológico implica que hay 34 informes pendientes, con lo que hay varias personas en condiciones de acceder a libertades condicionales o asistidas que no pueden acceder a ese derecho".
Gass accedió a los pedidos de la Defensa Pública e intimó a Pereyra bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial a que se cumplan con los compromisos asumidos, y ordenó que a la próxima audiencia concurran el Ministro del área (Jorge Lara) y el subsecretario Pereyra.