Hay un servicio público que puede entrar en un preocupante colapso, muy rápido, si quienes tienen la posibilidad de modificar situaciones, en razón de la actual emergencia, no actúan rápido: es el de la provisión de energía eléctrica, un negocio público-privado que administra CAMMESA, y que está ya enfrentando el problema de la ruptura de cadenas de pagos, porque la gente no paga, las distribuidoras no recaudan, las transportadoras tampoco lo harán, y las productoras, finalmente, podrían quedarse sin cobrar y con problemas para generar.
Este martes, vence la factura que CAMMESA le envía a cada distribuidora, con el monto que deben pagar. CALF, por ejemplo, tiene que afrontar la suma de 144 millones de pesos, que representan, en tiempos normales, 60 por ciento de su recaudación total. No es el caso ahora, que no ha recaudado como en tiempos normales, sino mucho menos. En concreto, no tiene el dinero para pagar esa factura, salvo que vuelva a recurrir a financiamiento bancario. Usar créditos para gastos corrientes, es mala palabra en cualquier administración.
CAMMESA ha reconocido la situación, por ahora, muy tibiamente. Se ha limitado a enviar un documento a los poderes concedentes de cada jurisdicción, para que hagan y envíen un relevamiento de su lugar y de cómo está funcionando el servicio, es decir, qué nivel de dificultar se enfrenta. Es un poco tardía la comunicación en medio de una cuarentena por pandemia en la que los mensajes oficiales hacen eje en que la gente no se haga problemas en pagar, estableciendo postergaciones. Está muy bien si se lo mira desde el lugar del ciudadano consumidor, pero también hay que pensar (y resolver) en cómo funcionan las cosas. ¿O piensan que la electricidad llega a cada hogar por arte de magia? Muchos colapsos energéticos en este país tienen que ver con esta especie de realismo mágico, extrapolado desde la literatura a la realidad económica.
Como no se ha dicho nada al respecto, hay que concluir que si este martes CALF, y el EPEN (la otra distribuidora que tiene la provincia) no pagan sus facturas a CAMMESA, comenzará a correr la multa que se aplica en estas circunstancias. Esa multa implica 10 por ciento más del total de lo facturado. Por ejemplo, CALF sumaría a su deuda unos 14 millones de pesos.
Es indudable que, en este contexto, debe hacerse (y rápido) un sistema de emergencia acorde con la emergencia sanitaria. No se puede dejar a la gente sin electricidad en estas circunstancias, pero el esquema debe contemplar desde la generadora hasta el consumidor. Toda la situación, no solo una parte. De lo contrario, las injusticias o desequilibrios lo pagarán todos, por igual o desigual, en algún momento, y puede sobrevenir un problema mucho más grande que el actual.