A poco de haber asumido el nuevo gobierno, la provincia de Neuquén dio un paso clave hacia la transparencia en la política ambiental. Lo hizo al terminar con uno de los sistemas más cuestionados de los últimos años en la industria petrolera: la obligatoriedad exclusiva del uso de mantas oleofílicas para contener eventuales derrames petroleros.
La medida, oficializada en la Resolución 159/2024 de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, le puso fin a una estructura que operó bajo el amparo de la vieja política, donde lo ambiental era muchas veces una excusa para sostener negocios cerrados y contratos a medida.
Durante más de 15 años, solo una empresa -Environmental Services S.R.L.- pudo proveer este insumo, bajo una normativa que no existe en ningún país con estándares ambientales avanzados. Mientras se hablaba de “protección del ambiente”, el trasfondo era un negocio de hasta 5 millones de dólares anuales, garantizado por el Estado y sin competencia. El beneficio era para empresas privadas con contactos en el sector sindical.
Este viernes, trabajadores de Environmental Services presentaron una carta al gobernador Rolando Figueroa, donde reclaman una “urgente intervención” ante la supuesta “grave situación ambiental y social” generada por la resolución.
En el texto, que comienza señalando que actúan “como ciudadanos y trabajadores”, los empleados aseguran que la norma ha afectado el ambiente, las empresas y los puestos de trabajo, y que la compañía se ve obligada a iniciar despidos.
Sin embargo, lo que no mencionan es que el único modelo de negocio afectado fue el monopolio exclusivo. La Resolución 159/2024 no elimina el control ambiental ni reduce exigencias. Por el contrario, establece que cada empresa deberá presentar su propio plan de contención, justificado técnicamente y sometido a evaluación. Se abre así la posibilidad de utilizar métodos más eficientes, modernos y sustentables, en línea con las mejores prácticas internacionales.
La decisión del gobierno neuquino no fue aislada ni improvisada: forma parte de un proceso más amplio de profesionalización del Estado, que busca cortar con las lógicas que marcaron la política provincial durante años. La nueva etapa exige a las empresas responsabilidad técnica, apertura a la innovación y compromiso real con el cuidado ambiental. El Estado, en lugar de ser garante de un negocio, pasa a ser fiscalizador activo de los métodos utilizados para prevenir y contener impactos.