Vía Bariloche a un paso de tener el Catedral hasta 2.056

La polémica prórroga del contrato de concesión entre el municipio de Bariloche y la familia Trappa, impulsada por autoridades locales, provinciales y nacionales, está a un paso de concretarse. La ordenanza que permitió extender el vínculo hasta 2.056 se encontraba paralizada por una decisión judicial, pero en los últimos días la Cámara de Apelaciones en lo Civil resolvió desdoblar el expediente, por lo que está en condiciones de entrar en vigencia.

Para frenar la ordenanza que ratificaba el convenio firmado por el intendente Gustavo Gennuso y Trappa, titular de Vía Bariloche y Catedral Alta Patagonia, el diputado provincial del Frente de Todos, Alejandro Ramos Mejía, recurrió a la Justicia. Pero cambió el gobierno nacional y también la postura del actual legislador, quien ya no ve con malos ojos que la empresa esté al frente del principal centro de esquí del país y que pueda hacer un desarrollo inmobiliario de 70 hectáreas en las tierras más caras de la ciudad sin que se les exija la realización de estudios previos de factibilidad.

Ramos Mejía metió marcha atrás y dejó solos a sus compañeros de la Unidad Básica, la ex diputada Edtih Garro y los ex concejales Ana Marks y Daniel Natapof, quienes habían iniciado otro expediente judicial pero con otro reclamo que cuestionaba la constitucionalidad del contrato firmado entre el intendente y el empresario de los colectivos verdes, el mismo color que utilizaba el gobierno de Río Negro en la gestión del Alberto Weretilneck. Pero este acuerdo fue ratificado por la ordenanza aprobada en 2.018 por el Deliberante de Bariloche, y si la ordenanza es válida, el acuerdo también.

Pese a las 6 mil firmas que impulsaban un referendum, y la actitud de Ramos Mejía de ser el abanderado de los que se oponían, apenas un año y medio después todo cambió para el diputado del Frente de Todos. Los argumentos del legislador son la inviabilidad jurídica para sostener la causa y el clima generado por gobierno de Alberto Fernández, quien luego de charlar con algunos representantes del gobierno rionegrino en el Congreso, no se opondría a la prórroga.

El nuevo contrato entre el municipio y CAPSA además de continuar con el desarrollo del centro de esquí, tiene prevista la realización de un loteo inmobiliario en un área de 70 hectáreas sin estudios de factibilidad técnica y medioambiental.