No avanza el desalojo a los Mapuches

En la mediación realizada por la Justicia Federal por la causa de la usurpación del predio de Gas del Estado, el Ministerio de Economía y Parques Nacionales no solicitaron la restitución inmediata del inmueble como venía realizándose hasta ahora, por lo que no se trató el desalojo. La Lof Lafken Winkul Mapu, mantiene la usurpación del ex hotel desde principios de 2017 en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta 40, aseguró que no aceptarán irse del lugar y que resistirán porque se trata de una territorio ancestral.

La audiencia de mediación, que está contemplada dentro del nuevo Código Procesal Penal, fue solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación como un método alternativo para solucionar el conflicto. Estuvieron presentes representantes de la Unión de Personal de Gas del Estado, quienes se atribuyen la propiedad del predio, del Ministerio de Economía y de Parques Nacionales, quienes no solicitaron la restitución inmediata del inmueble como venía realizándose hasta ahora.

Más allá de las diferentes instancias de diálogo, este fue un gesto que por primera vez tiene efecto legal, demostrando que la acusación penal no es la vía a través de la cual quieren resolver el desalojo

En la causa que se tramita en la Justicia Federal, por tratarse de un predio ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, se acusa a los mapuches de varios delitos: incendio del ex hotel, ataque a un policía que vivía en el lugar, y la usurpación del terreno de la Unión Personal de Gas del Estado. La abogada defensora, Laura Taffetani aseguró que "si hay algo que se precian es de cuidar es el medio ambiente y si ese fuego hubiera subido se hubiese incendiado su propio espacio”; y con respecto a la usurpación, también lo niegan ya que reconocen que se trata de una recuperación territorial y que desde el Estado nacional “no requirieron la restitución inmediata del inmueble, lo que significa que no se activara ningún tipo de desalojo”.

“Más allá de las diferentes instancias de diálogo, este fue un gesto que por primera vez tiene efecto legal, demostrando que la acusación penal no es la vía a través de la cual quieren resolver el desalojo”, aseguró la defensora, quien además reconoció como un buen gesto, aunque tienen deudas pendientes con el Estado como "la muerte de Rafita, algo que no se pueda olvidar fácilmente”.

En noviembre de 2017, durante un procedimiento de desalojo ejecutado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que convocó al grupo especial Albatros de Prefectura, uno de los uniformados disparó su pistola 9 milímetros contra varios integrantes de la comunidad. Uno de los heridos fue Rafael Nahuel, de 22 años, recibió un tiro en la cadera y la bala quedó albergada a la altura de las costillas, pese al intento de sus compañeros por bajarlo del cerro, cuando llegaron a la base, ya estaba muerto. De las pericias del Centro Atómico Bariloche, se desprende que el joven no había manipulado armas de fuego y que el proyectil correspondía al arma reglamentaria de uno de los Albatros, el cabo primero Francisco Pintos, a quien se lo procesó por "homicidio agravado", aunque permanece el libertad.

La causa en la Justicia Federal no es la única que enfrenta la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, ya que en abril de 2020 fue denunciada por el Obispado de San Isidro por la usurpación de la cabaña Hueche Ruca. En octubre pasado, la Justicia provincial ordenó el desalojo, sin embargo después de una carta envida por los mapuches al Papa Francisco, fue el propio obispado del norte del Gran Buenos Aires los que le solicitaron a la Justicia "postergarlo" y estudiar una salida alternativa del conflicto.