Una pesadilla digital se convirtió en una batalla judicial que terminó con un fallo a favor del usuario. Un cliente del Banco Provincia del Neuquén, con domicilio en Cipolletti, detectó que le habían vaciado la cuenta con cinco transferencias millonarias que él nunca autorizó. Las operaciones se hicieron desde una dirección IP de Buenos Aires, en pocos minutos, y por más de 10 millones de pesos.
Cuando reclamó, el banco le restituyó el dinero, pero varios meses después. Por eso, el cliente inició una demanda civil para recuperar también los intereses que se generaron durante el tiempo en que no tuvo acceso a sus fondos. Alegó que el sistema de seguridad de la entidad falló al no detectar una secuencia de movimientos inusuales y desde una ubicación diferente a la habitual.
La defensa del banco fue que el usuario no era consumidor final y que probablemente había descuidado sus datos de acceso. Pero el tribunal rechazó esa versión. Determinó que el hombre sí estaba protegido por la Ley de Defensa del Consumidor y que la entidad no pudo probar que él hubiera actuado con negligencia.
Una pericia informática reveló que no hubo errores al ingresar la clave ni modificaciones en la cuenta. Las transferencias se hicieron con las credenciales correctas, pero desde un lugar completamente distinto al habitual y por montos inusualmente altos. Según el informe, el sistema debería haber generado alguna alerta o bloqueo automático, pero no lo hizo.
Finalmente, la Justicia concluyó que el banco no cumplió con su obligación de brindar seguridad y que la simple devolución del dinero no alcanzaba para reparar el daño. Por eso, ordenó que también le pague los intereses acumulados entre la fecha de las transferencias y la devolución de los fondos.