ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA
Un exintendente acusado de malversar $2 millones
Germán Epul violó ordenanzas y pagó por adoquines que no entregó la empresa Nalozano, que, además, ya no existe.
El exintendente de Cinco Saltos, Germán Epul, fue acusado por el delito de administración fraudulenta. Se lo imputa de haber dirigido una licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales.
Según indicó la Fiscalía, el perjuicio para las arcas municipales fue de más de dos millones de pesos y la maniobra consistió en camuflar un pliego de licitaciones para direccionarla en favor de una empresa que no estaba inscripta entre los proveedores municipales y tampoco tenía como objeto social la venta de ese tipo de artículos.
Agregó que la beneficiaria no dio cuenta de la calidad de los materiales según las normas IRAM la cual debía ser certificada según lo disponía el propio pliego. Cabe señalar que otras dos empresas sí se presentaron y cumplieron los requisitos previstos, pero por haber presentado un mayor valor en los costos no fueron seleccionadas.
Epul violó la ordenanza que regula los pagos y abonó los materiales pese a que no fueron entregados en su totalidad. Estaba estipulado que los pagos debían realizarse contra entrega de los adoquines y que además el oferente debía garantizar stock inmediato porque la obra se encontraba en marcha.
Finalmente, pese a haber recibido el dinero a través de cuatro cheques, la firma Nalozano no entregó los materiales indicados y actualmente dejó de funcionar. La calificación legal del caso es administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública. El fiscal jefe explicó que el titular de la empresa está siendo buscado por las autoridades para ser imputado como partícipe de este delito.
La querella particular que representa a la municipalidad de Cinco Saltos adhirió a la teoría del caso de la fiscalía y a las evidencias enunciadas en las cuales se sustentó la acusación.
La defensa particular por su parte, sostuvo que el hecho no era claro y realizó consideraciones respecto de que se trataba de una acción civil por incumplimiento contractual y que no correspondía avanzar en el proceso penal. Agregó que los denunciantes y testigos del caso tenían una visión política distinta de su cliente.
La Jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía y fijó el plazo de investigación preparatoria en cuatro meses. En ese lapso se deberá avanzar en la solicitud del correspondiente control de la acusación.
