Ya es oficial: cada usuario de CALF deberá pagar una deuda

El Deliberante capitalino aprobó este jueves la Ordenanza que habilita a la cooperativa CALF a cobrarle a sus socios, en 96 cuotas, una cuantiosa deuda que la concesionaria del servicio eléctrico contrajo con la administradora del mercado, CAMMESA. Así, cada usuario deberá pagar por mes un mínimo de 2.076 pesos -según la categoría, puede ascender esa suma a casi 150 mil- más lo correspondiente al consumo propiamente dicho; la suma, además, podrá actualizarse según varíen los costos del intrincado sistema que combina diversos factores, que van desde el costo de producción de la energía hasta el del salario que cobra cada trabajador de la cooperativa.

La norma legal municipal avalada por mayoría de los concejales se redactó a partir de un acta acuerdo firmada por CALF con la Secretaría de Energía de la Nación a fin de regularizar las deudas generadas. Además, hubo que celebrar otro acuerdo complementario con CAMMESA para establecer ese plan de pago, al cual se le aplicó una quita del 40% y un financiamiento al 50 % de la tasa de interés en el mercado eléctrico, “entre otras condiciones favorables en el marco de una economía nacional con un futuro incierto”, se esmeró en comunicar el Deliberante en el parte de prensa correspondiente.

En el Contrato de Concesión y sus normas modificatorias, establecido entre el Municipio que gobierna Mariano Gaido y la cooperativa, había sido establecido que los incrementos del costo de abastecimiento y de distribución que pudieran generarse, podrían trasladarse a la tarifa. En este caso, se utilizó el concepto para aplicar una suma fija por categoría de usuario. Esa suma surge de prorratear el compromiso de pago de la deuda a todos y cada uno de los socios de la entidad que presta el servicio.

La deuda que contrajo CALF con CAMMESA se atribuyó, sin demasiado drama, a los atrasos tarifarios generados por el propio poder concedente (el Municipio) que no permitió la actualización de la tarifa en tiempo y forma, en un amplio período de tiempo comenzado en 2016, pero con efectos dramáticos a partir del 2020, en plena pandemia de Coronavirus, cuando la economía general del país fue prácticamente congelada por decisiones del gobierno nacional de Alberto Fernández.

Esta imputación directa de una deuda a cada uno de los socios es novedosa en Neuquén, y la metodología elegida ha sido criticada, particularmente por pequeños y medianos comerciantes, que ya venían quejándose por el alto costo tarifario del servicio eléctrico en la capital neuquina.