El sindicato estatal ATE rechazó, a través de una declaración emitida por Rodolfo Aguiar, su secretario general, el protocolo de seguridad ante determinadas medidas de protesta anunciado por la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y reafirmó que, según su singular visión, el derecho de huelga, tal cual está legislado, no puede ser impedido de ninguna manera pues sería “ilegal e inconstitucional” ese presunto impedimento.
"Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios", dijo, este jueves, el gremialista rionegrino, titular de ATE nacional.
De acuerdo con la visión de Aguiar, “no existe una norma que defina qué es una protesta”, por lo que se debería inferir que el camino para estas medidas sería abierto e infinito en sus posibilidades. Esta posición, evidentemente interesada en función de la conveniencia, se tradujo en la consigna de “no a la criminalización de la protesta”, surgida a poco del asesinato de Carlos Fuentealba, en Neuquén, en 2007.
La única forma de entender esta posición gremial es que cualquier reclamo por cualquier causa, amerita cualquier forma de protesta, incluidas las que violan leyes establecidas; y que la única manera de enfrentar estas situaciones que le queda a los gobiernos, es responder a la demanda originaria, sea esta cual fuere.
Era sabido que el sindicato estatal, prácticamente un líder en lo que a cortes de calles y rutas se refiere, se opondría inmediatamente a la regulación pretendida ahora por el gobierno de Javier Milei. El combate por esta posición ideológica y práctica, originadora de innumerables polémicas nunca resueltas, recién empieza, y seguramente habrá oportunidad, pronto, de probar quién ganará, aunque sea coyunturalmente, en el corto plazo.