En San Martín de los Andes siguen buscando anular el estacionamiento medido

La firma del decreto que confirma que el 30 de septiembre comenzará a regir en San Martín de los Andes el estacionamiento medido, no paralizó a los vecinos que se siguen manifestando en contra de la decisión tomada por el intendente Carlos Saloniti, y avalada por una ordenanza del Concejo Deliberante.

Una vez más, se congregaron hoy en la plaza central para hacerse oir. Allí expresaron las quejas contra el jefe comunal, y los inconvenientes que les provocará tener el 30 por ciento del casco histórico con limitaciones para estacionar.

Además de los actos presenciales, los vecinos confirmaron que, en solo 24 horas, 1800 vecinos dejaron sus firmas estampadas en las notas que piden derogar la ordenanza que establece que la empresa SAEM comience a percibir una suma equivalente al 75% del valor del litro de nafta Infinia por cada hora de estacionamiento, aumentando progresivamente según el tiempo que el vehículo esté en el lugar.

La semana pasada el intendente se vio obligado a renegociar con la empresa, y a ampliar los beneficios para los residentes, luego de una tensa reunión con vecinos, en donde incluso le pidieron la renuncia.

Saloniti argumenta que lo recaudado por el estacionamiento se sumará a la tasa vial del 4,5 por ciento sobre el valor del combustible ya implementada, para subsidiar el transporte urbano y además poder sostener el boleto estudiantil gratuito, aunque no supo explicar cuántos alumnos utilizan el beneficio y cuanto dinero le significa a la municipalidad pagarlo.

Los sanmartinenses en rebeldía sostienen que se cansaron de medidas arbitrarias que los perjudica económicamente, y piden que se hagan los ajustes en áreas municipales menos prioritarias para sostener los subsidios. Indicaron que hay exceso de personal de planta y contratado en relación a la cantidad de habitantes, y que el presupuesto es generoso en sectores donde no se perciben acciones que lo justifiquen.

La iniciativa de junta de firmas no cesará hasta alcanzar el porcentaje indicado por la Carta Orgánica, para solicitar la derogación de la Ordenanza. Hasta tanto esto ocurra, y se debata en el Concejo Deliberante, deberán comenzar a pagar, aunque están convencidos que no es esa la solución al ordenamiento del tránsito que argumenta el intendente.