En Neuquén, los radares escondidos en rutas provinciales se han transformado en una trampa silenciosa para automovilistas desprevenidos. Sin cartelería previa, sin fiscalización adecuada y con multas que rozan lo absurdo, crecen las denuncias contra el uso arbitrario de estos dispositivos, especialmente en localidades como Añelo y San Patricio del Chañar.
La diputada provincial Giselle Stillger, de Arriba Neuquén, alzó la voz y presentó un proyecto de ley que busca terminar con estas irregularidades que, lejos de prevenir siniestros viales, parecen funcionar como verdaderas cajas registradoras para algunos municipios.
“El radar debe ser un elemento de prevención, no una emboscada”, aseguró Stillger en una entrevista radial con AM550. Y añadió: “Hoy en las rutas provinciales los municipios colocan radares donde les parece, sin control, sin auditoría ni señalización. La gente se entera que pasó por un radar cuando le llega la multa”.
Uno de los casos más flagrantes es el que se da en San Patricio del Chañar, donde se hacen multas en sitios que ni siquiera figura en el listado oficial de radares habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La diputada confirmó que vecinos de Añelo también se han comunicado denunciando situaciones similares: radares sin señalizar, sin advertencias ni registros oficiales.
Frente a este panorama, Stillger impulsó una normativa para ordenar el uso de radares en rutas provinciales. El proyecto, que ya obtuvo dictamen unánime en la Comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, establece que todo municipio que desee instalar un radar deberá solicitar autorización a la provincia, que evaluará su pertinencia y fiscalizará su funcionamiento. Entre las exigencias, se encuentra la señalización obligatoria al menos 500 metros antes del radar, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito.
“No se trata de prohibir los radares, sino de regular su uso. Si hay zonas de alta siniestralidad, bienvenidas sean las herramientas de control. Pero no podemos permitir que se usen para hacer ‘caer bobos’ y recaudar sin transparencia”, explicó Stillger.
Un proyecto transparente
El proyecto también establece que el 50% de lo recaudado en multas se destine a programas de educación vial, y que la autoridad de aplicación publique de forma periódica tanto los montos recaudados como el listado completo y actualizado de radares habilitados en rutas provinciales.
El caso de la Ruta 8, donde se cobró una multa sin que exista radar registrado, expone no solo la falta de controles, sino también una posible violación de derechos. “Para que una multa sea legal, el radar debe tener una resolución de habilitación vigente del INTI. Si eso no está, la multa no tiene validez”, advirtió la diputada.
Actualmente, la propuesta se encuentra en tratamiento en otras dos comisiones (Legislación General y Presupuesto) antes de ser votada en el recinto. Stillger confía en que la iniciativa tendrá el apoyo de todos los bloques: “Nadie me dijo que esté en contra. Todos entendemos que esta situación no puede seguir así”.
En tiempos donde la seguridad vial debería ser una prioridad, el uso de radares sin control ni transparencia solo genera desconfianza. Regular su implementación no es solo una medida justa, sino una necesidad urgente para devolverle al sistema vial su verdadera función: cuidar la vida, no castigar a la sombra.