Neuquén dio un paso firme en materia de seguridad pública, con la promulgación de tres leyes claves que apuntan a reforzar el accionar policial y judicial en la provincia. Las normas, aprobadas en la Legislatura en junio, fueron impulsadas por el Ejecutivo provincial y el interbloque Neuquinizate, y abordan tres ejes centrales: la reiterancia delictiva, la creación de Consejos de Seguridad y el combate al microtráfico de drogas. Estas herramientas buscan responder a una demanda social cada vez más fuerte por parte de la ciudadanía.
Las leyes 3514, 3515 y 3517, ya publicadas en el Boletín Oficial, incorporan cambios significativos. La primera establece que la reincidencia puede ser causal de prisión preventiva; la segunda crea el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, que coordinará diagnósticos y acciones preventivas; y la tercera habilita denuncias anónimas y técnicas especiales para investigar delitos de drogas. Las tres apuntan a una gestión más eficiente y autónoma por parte de la provincia frente a problemáticas que antes estaban bajo competencia federal.
El gobernador Figueroa remarcó que la provincia decidió involucrarse directamente en la lucha contra el microtráfico, por las consecuencias que este flagelo genera en la salud pública, la educación y el acceso al empleo. Desde la implementación de una estrategia provincial, varias personas fueron condenadas, y se están ampliando las unidades penitenciarias para atender esta nueva demanda. Incluso, la cárcel de Senillosa, construida con fondos provinciales, comenzó a recibir internos por delitos vinculados al tráfico de drogas.
La ley 3514, impulsada por el bloque PRO-NCN, incorpora la reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva, junto con las ya existentes: riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para la víctima. Así, busca poner fin a la llamada “puerta giratoria”, un fenómeno que permite que delincuentes reincidentes entren y salgan del sistema sin mayores consecuencias. Es una medida que responde a un reclamo sostenido por parte de los vecinos.
La ley 3515, por su parte, crea un órgano de coordinación provincial que estará a cargo de diseñar políticas integrales de prevención del delito. El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana articulará con Consejos Regionales, procesará diagnósticos locales y propondrá estrategias públicas con participación interjurisdiccional y privada. Su rol también incluye la difusión de campañas informativas y la propuesta de reformas legislativas en materia de seguridad.
Finalmente, la ley 3517 incorpora al Código Procesal Penal figuras como el agente revelador y el informante, además de habilitar el uso de técnicas especiales de investigación. También permite el allanamiento fuera de horario, en casos de urgencia, y habilita canales como el 0800 anónimo, formularios web o buzones físicos para que la población denuncie casos de microtráfico de drogas sin exponerse. Con esto, la provincia se dota de un marco legal robusto para encarar el delito con más herramientas y mayor eficacia.