Deja alguna inquietud decisión del juez en el caso de la estafa en planes sociales

Marcos Osuna, uno de los imputados como jefe de la organización que perpetró la estafa con planes sociales en Neuquén, permanecerá detenido en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, rondines policiales de control y prohibición de tener contacto con los testigos del caso, según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La decisión fue tomada por el juez de garantías Luis Giorgetti, a instancias del fiscal Juan Manuel Narváez, quien sostuvo ayer en una audiencia en la Ciudad Judicial, que como Osuna cumplirá el próximo 10 de enero el plazo máximo previsto por la ley para estar detenido en prisión preventiva en un caso complejo (18 meses), correspondía modificar la modalidad a prisión domiciliaria. Requirió que el plazo de la detención quede establecido en seis meses.

Durante la misma audiencia, el fiscal del caso requirió que a Ricardo Soiza, otro de los imputados con un rol en el máximo nivel de la organización, se le extienda la prisión domiciliaria que está cumpliendo desde septiembre pasado, también por seis meses, junto con las medidas complementarias: tobillera electrónica, rondines policiales de control y prohibición de tener contacto con los y las testigos del caso.

Como argumentos para requerir las detenciones domiciliarias, el fiscal del caso destacó que está vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de ambos acusados.

El próximo 18 de febrero se realizará la audiencia de control de acusación; y  se estima que el juicio oral y público será en marzo o abril de este año. “Con los seis meses de prisión domiciliaria se estarían resguardado estas etapas de los riesgos procesales”, destacó Narváez.

Sin embargo, el juez de garantías Giorgetti, avaló el requerimiento del fiscal del caso pero por un plazo menor: estableció la prisión domiciliaria de Osuna y la prórroga a Soiza, por un mes y quince días a contar desde el 10 de enero.  También avaló las medidas complementarias, referidas a los rondines policiales de control, la prohibición de tener contacto con testigos del caso y el uso de tobilleras electrónicas (según disponibilidad, se aclaró).

Estas circunstancias siembran alguna inquietud que no debería soslayarse: por un lado, el porqué de acortar el plazo de la prisión domiciliaria al punto de que puede vencer antes que comience el juicio; por el otro, lo que se desliza acerca de las tobilleras electrónicas acerca de su condición de disponibilidad, como sugiriendo que bien puede suceder que no haya tal artefacto en concreto.