El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana. El objetivo es coordinar estrategias de prevención del delito ajustadas a la realidad territorial, con una articulación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad.
La iniciativa busca reemplazar la Ley 2586, y contempla la integración del Consejo Provincial por el ministro de Seguridad, el jefe de la Policía provincial, el titular del Ministerio Público Fiscal, un representante del Poder Judicial y el jefe de Gabinete, o quienes ellos designen. Este cuerpo se encargará de recibir los relevamientos y diagnósticos elaborados por los Consejos Regionales para diseñar estrategias de prevención y elaborar un cuadro de riesgo predelictivo a nivel provincial.
Por su parte, los Consejos Regionales estarán conformados de acuerdo con la Ley de Regionalización, que prevé la creación de siete organismos en las regiones de Alto Neuquén, Del Pehuén, De los Lagos del Sur, Del Limay, De la Comarca, Confluencia y Vaca Muerta. Serán órganos consultivos encargados de elaborar diagnósticos regionales sobre el fenómeno delictivo, proponer programas de prevención y fomentar la coordinación interjurisdiccional.
Cada Consejo Regional estará integrado por un presidente designado por el Ejecutivo, un coordinador general, los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región, el director regional de Seguridad de la Policía del Neuquén, representantes del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y los Concejos Deliberantes locales, además de referentes del Ministerio de Seguridad.
Entre sus funciones se destacan la elaboración de cuadros de riesgo predelictivo, la implementación de políticas públicas locales y la promoción de actividades de información y concientización ciudadana. También podrán convocar a expertos académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y otras entidades que consideren oportunas para aportar a los debates.
El proyecto destaca que la seguridad ciudadana es un componente esencial del bienestar social y del desarrollo democrático, y considera fundamental la articulación entre las distintas áreas de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Una vez promulgada la ley, el Ejecutivo contará con 90 días para su reglamentación, mientras que los recursos para su funcionamiento se asignarán a través de la Ley de Presupuesto.