El gobierno nacional oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, un nuevo organismo que unifica las funciones del ENRE y el Enargas. La medida, establecida a través del Decreto 452/2025, representa uno de los cambios estructurales más relevantes en la administración del sector en las últimas décadas y responde a los lineamientos establecidos en la Ley de Bases (Ley 27.742).
El nuevo organismo será autárquico y actuará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con un plazo de 180 días para su implementación. Su función central será simplificar tareas administrativas, coordinar la supervisión del mercado eléctrico y gasífero, y adaptar el esquema regulatorio argentino a estándares internacionales, en el marco de la emergencia energética prorrogada en junio pasado.
Este proceso de unificación apunta a mejorar la eficiencia en la gestión y darle mayor agilidad a los marcos regulatorios que hoy se encuentran desfasados respecto de las necesidades de inversión y operación del sistema.
Un nuevo paradigma para el mercado eléctrico
En paralelo, mediante el Decreto 450/2025, el Poder Ejecutivo avanzó con una desregulación del sector eléctrico, con el propósito de restablecer un mercado "competitivo, abierto y transparente". El texto, que modifica las leyes 15.336 y 24.065, fija las bases jurídicas para la transformación estructural del régimen eléctrico argentino.
Desde la Secretaría de Energía destacaron que durante dos décadas el Estado destinó más de 105.000 millones de dólares en subsidios a un sistema “ineficiente, manipulado y cerrado”, lo que desincentivó la inversión privada y generó distorsiones de precios.
Entre los cambios clave que introduce el nuevo decreto se destacan:
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Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica. El Estado solo podrá intervenir por razones técnicas o de seguridad del suministro.
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Restablecimiento de los contratos entre privados, anulando restricciones impuestas desde 2013, con el fin de promover previsibilidad e inversiones a largo plazo.
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Libre elección del proveedor eléctrico por parte de los usuarios finales, que podrán contratar directamente con empresas generadoras.
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Transparencia en la facturación: se prohíbe la inclusión de tributos locales o cargos no vinculados a los servicios prestados.
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Facilidades para infraestructura de transporte, permitiendo que actores privados presenten proyectos bajo esquemas de iniciativa propia.
El Gobierno fijó un período de transición de 24 meses para adecuar la normativa complementaria del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y garantizar una implementación gradual y ordenada.
Inversiones privadas en infraestructura: plan por más de 6.600 millones de dólares
La reforma regulatoria se complementa con un ambicioso plan de ampliación del transporte eléctrico, también bajo lógica de inversión privada.
A través de un esquema de concesión de obras, se incorporarán 5.610 kilómetros nuevos de líneas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que representa un aumento del 38,3% respecto a la red actual.
La inversión estimada supera los 6.600 millones de dólares y tiene como objetivo reducir cuellos de botella, mejorar la confiabilidad del sistema y mitigar los cortes de suministro causados por la falta de infraestructura energética acumulada en las últimas décadas.
Desde el Ejecutivo aseguran que este nuevo marco no solo busca eficiencia, sino también devolver al sector energético su “verdadera esencia”: una industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económico-financiera, señales de mercado claras y libertad de elección para los consumidores.