Las obras faraónicas chinas que atropellan DDHH en México

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, en colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), publicó recientemente un informe sobre la presencia de China en actividades extractivas y de infraestructura a lo largo y ancho de América Latina. A través de este documento, las organizaciones buscan contribuir a mejorar el desempeño social, ambiental y en materia de derechos humanos de las inversiones y financiamiento chino en la región. Con ese propósito, se analiza el impacto de las actividades empresariales chinas sobre los derechos humanos de diversas comunidades latinoamericanas.

Si bien el informe profundiza en más de veinte proyectos desarrollados con fondos chinos en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, se analizarán en estas líneas la violación de distintos derechos humanos asociados al ambiente, al derecho a la vivienda y a la consulta. Parte de esa investigación se enfoca en los proyectos de Yucatán Solar y el primer tramo del Tren Maya en México.

El primer tramo del Tren Maya

El Tren Maya es la principal inversión pública del gobierno federal de México que consiste en 1.554 kilómetros de vías férreas que atravesarán cinco entidades federativas del sur-sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Servirá para vincular un complejo de industrias extractivas, polos de desarrollo a lo largo de un corredor en el que habitan cientos de comunidades originarias y ecosistemas muy importantes.

En una franja de un 1 km a ambos lados de la vía, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) registra 197 localidades indígenas y un total de 143.866 personas indígenas contando las que se encuentran en localidades con presencia indígena dispersa. En un radio de 10 km con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum, la cifra de población indígena se amplía a 665.556 personas indígenas repartidas en 1.298 localidades de las que 874 son indígenas que serán afectadas por la construcción y funcionamiento del tren. Con el trazo Valladolid-Cobá-Tulum se registran 620.919 habitantes indígenas en 1.147 localidades de las que 834 son indígenas. Entre los pueblos indígenas que se encuentran están los mayas, tzotziles, tzeltales y choles que se distribuyen a lo largo de los estados que comprenden el proyecto.

Entre los derechos vulnerados aparecen: el derecho a la consulta, el derecho al ambiente sano y el derecho a la vivienda. En lo que respecta a la primera de ellas, es necesario mencionar que el estado mexicano llevó adelante una consulta previa calificada como deficiente por las organizaciones indígenas y organismos internacionales de derechos humanos. Entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre del año 2019 se realizaron asambleas regionales en distintos pueblos y comunidades indígenas por donde pasará el tren. Las opiniones de las comunidades no fueron tomadas en cuenta por las autoridades para definir el cronograma de las audiencias, las que se realizaron en un idioma diferente al que hablan las comunidades. Las autoridades solo expusieron los beneficios del proyecto, limitados a las vías del tren. Estas observaciones fueron constatadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. El proyecto no fue debidamente socializado y se caracterizó por tener reservas de información en los estudios de viabilidad, funcionamiento y rentabilidad.

En lo que concierne a la vulneración del derecho al ambiente sano, el proyecto tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales que brindan los ecosistemas que serán afectados, destacando los posibles efectos negativos en las áreas más importantes de recarga del manto freático de la Península: a) el anillo de cenotes denominado en 2013 como Reserva Geohidrogeológica y b) las selvas de la región de Calakmul, donde las aguas cosechadas son transportadas y acumuladas para fluir hacia los principales sistemas costeros de la península de Yucatán y alimentar seis de las nueve subcuencas hidrográficas de la región. También será afectada la capacidad de estos ecosistemas forestales de capturar, a través de la fotosíntesis, el bióxido de carbono atmosférico, es decir, de ser sumideros de carbono. Entre otras afectaciones se destacan la fragmentación del territorio, agotamiento, contaminación del acuífero, deforestación, la extinción de especies, generación de residuos y ruido, todas esas afectaciones desde su construcción hasta la plena ejecución del proyecto, incluyendo su impacto acumulativo.

Con respecto a la falta de cumplimentación del derecho a la vivienda, existen comunidades y colonias que se asientan sobre la vía del tren existente que conecta a Yucatán y Campeche. Los asentamientos sobre la vía pre existen desde antes de la llegada del ferrocarril. El proyecto plantea la reubicación de la población de los rieles ya existentes para que éstas sean usadas para el proyecto. Las personas afectadas proponen el cambio de la ruta. Se tienen previstos desalojos forzosos que privarían a las personas de sus viviendas y medios de vida.

Si bien la empresa China Communications Construction Company continúa con el primer tramo del Tren Maya, en abril del 2022 un juez en México suspendió definitivamente la construcción del tramo 5 del proyecto ferroviario Tren Maya por falta de permisos ambientales. De hecho, grupos ambientalistas presentaron varias demandas en el que denunciaron que el proyecto amenaza ríos subterráneos, cenotes y cavernas de millones de años de antigüedad. Sin embargo, el fallo fue apelado y el gobierno decidió reactivar las obras del tramo 5 del Tren Maya. A través de un comunicado, los grupos ambientalistas instaron a la población mexicana a defender el patrimonio natural y cultural.

También es de destacar que la empresa China Communications Construction, que construye conjuntamente con el Consorcio Mota- Engil México, Grupo Cosh, Eyasa y Gavil Ingeniería, cuenta con un historial de corrupción importante: la empresa china fue sancionada por el Banco Mundial por prácticas fraudulentas en Filipinas. Otros antecedentes incluyen la sospecha de corrupción en una obra ferroviaria en Malasia y en Australia fue investigada por la construcción de un hospital infantil. En Bangladesh, una de sus subsidiarias, China Harbour Engineering, fue acusada por integrantes del gobierno de pagar comisiones en forma ilegal. También fue acusada de corrupción en la construcción de un puerto en Tanzania. En América Latina también hubo señales de irregularidades expresadas en que la empresa habría sacado provecho de la venta de títulos de propiedad en forma irregular. En Panamá, autoridades locales descubrieron irregularidades en el contrato de construcción de un puente. En esa línea, hubo inconvenientes en el contrato de la obra de una universidad en Ecuador.

El Proyecto Yucatán Solar

Forma parte de un paquete de 35 proyectos de energías renovables en la península de Yucatán. Consiste en un parque solar fotovoltaico sobre 246,8 hectáreas de selva, catalogada como propiedad privada  en el municipio de Valladolid. Es el único proyecto de energías alternativas en el que indígenas y defensores de derechos humanos han recibido amenazas de muerte y hostigamiento.

Entre los principales derechos vulnerados aparecen: el derecho a la consulta y el derecho al ambiente sano: En la primera el proyecto no fue consultado con las comunidades originarias mayas de la región. La empresa solamente realizó sesiones informativas, más no de consulta y consentimiento. Por otra parte ha generado conflictos sociales en las comunidades, e incluso ha habido repercusiones contra personas mayas que son defensoras del medio ambiente al ser amenazadas de muerte por oponerse de manera directa contra el proyecto mediante acciones judiciales.

Si bien el proyecto propone suministrar y vender energía solar fotovoltaica, limpia y de origen renovable, en su emplazamiento y construcción ignora el contexto ambiental y cultural en Yucatán, puesto que generará grandes impactos que pueden llegar a ser irreparables para la vida comunitaria. Lo anterior es así porque en la zona donde se desarrolla el proyecto se encuentra un sitio denominado “Múusenchèen”, que consta de una cueva y un cenote con un uso ceremonial desde hace más de 2300 años. La ejecución del proyecto implica privar del uso ceremonial a personas de las comunidades que utilizan el sitio. Asimismo, existen personas dedicadas a la apicultura, actividad que se afectará por la deforestación y el aumento de temperaturas.