China viola derechos humanos y ambientales en Perú

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) reúne a organizaciones de la sociedad civil de toda Latinoamérica con el objetivo de ejercer incidencia en pos de la incorporación de mecanismos efectivos que garanticen los derechos humanos, la transparencia, la participación, y la sostenbiilidad ambiental en las inversiones y el financiamiento de proyectos que involucran a actores chinos.

El CICDHA, en colaboración con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), recientemente publicó un informe sobre la presencia de China en actividades extractivas y de infraestructura a lo largo y ancho de América Latina. A través de este documento, las organizaciones buscan contribuir a mejorar el desempeño social, ambiental y en materia de derechos humanos de las inversiones y financiamiento chino en la región. Con ese propósito, se analiza el impacto de las actividades empresariales chinas sobre los derechos humanos de diversas comunidades latinoamericanas.

El informe profundiza en más de veinte proyectos desarrollados con fondos chinos en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, se analiza la violación de distintos derechos humanos asociados al medioambiente, la participación, la tierra y la vivienda, la vida e integridad, los derechos laborales, y el derecho a la salud. Parte de la investigación se enfoca en los casos de las minas Tomorocho y Marcona, y los proyectos mineros Las Bambas y Río Blanco, en Perú. En los cuatro proyectos se registraron violaciones al derecho a un ambiente sano, en línea con la tendencia general del informe.

Proyectos mineros Las Bambas y Río Blanco

Las Bambas se extiende sobre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac del país andino. El proyecto está en operación desde 2016 y cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de China, y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Se trata de una de las minas de cobre más importantes de Latinoamérica.

Su explotación ha afectado a las praderas altoandinas con cabeceras de cuencas donde se encuentra emplazada. Además, ha causado severos problemas de salud tanto ambiental como humana derivados del tráfico de camiones que transportan los minerales desde Las Bambas hasta el puerto cada día. Las comunidades campesinas e indígenas que habitan en el área circundante también se vieron afectadas por la violencia policial, que llevó al arresto arbitrario de varios de sus miembros y causa la muerte de cuatro campesinos en el marco de una protesta. Cientos de líderes comunitarios que expresaron su oposición al proyecto fueron investigados por las autoridades peruanas desde el inicio de las actividades en Las Bambas.

Por otra parte, el proyecto minero de Río Blanco, ubicado en las localidades de Huancabamba y Ayabaca, en la provincia Piura, está financiado por el Banco Agrícola de China, el Banco de China, el Banco de Construcción de China, y el Banco Industrial y Comercial de China -más conocido como ICBC-. Al momento de la publicación del informe de la CICDHA, se encontraba en la etapa de actualización del Estudio de Impacto Ambiental y actualización del Plan de Rehabilitación. Además, es uno de los proyectos prioritarios para la República Popular China en el país sudamericano. Se trata de una explotación minera a cielo abierto de cobre y molibdeno. En el marco de una consulta pública realizada en 2007, el 90% de los habitantes de la zona se pronunciaron en contra del desarrollo minero en ese territorio. No obstante, el proceso administrativo para su habilitación continuó avanzando.

El impacto medioambiental de la presencia china en Perú

Casi la totalidad de los proyectos documentados se vinculan a zonas de gran valor ecológico y tienen o podrían tener un impacto importante y duradero sobre el medioambiente. Ello se traduce en el cercenamiento del derecho a un ambiente sano de las comunidades que habitan esos territorios.

Además, el impacto sobre los ecosistemas y la biodiversidad también conduce a la vulneración de otros derechos conexos, como el derecho al agua y a la salud, por mencionar algunos. Los proyectos también generan repercusiones en el largo plazo, restringiendo los derechos de las generaciones futuras.

En casi todas las etapas del proyecto de Las Bambas se registraron cambios sustanciales a los resultados del Estudio de Impacto Ambiental. Estas modificaciones no estuvieron acompañadas de consultas a la población local ni de medidas orientadas a remediar los impactos que se producirían. La ruta que se extiende desde la mina hasta el puerto afecta a miles de personas. Los camiones que circulan por ella levantan toneladas de polvo que contaminan el agua, los pastizales, los cultivos y afectan la salud respiratoria de quienes residen en la zona. El ruido y la vibración también afectaron la flora y la fauna de esta región, a la vez que vulneraron la infraestructura habitacional de los pueblos cercanos a su trazado, incluyendo sus escuelas y postas médicas.

La actividad en la mina Río Blanco afecta a las comunidades nativas y campesinas que se dedican a la producción de pan, leche y café en las regiones Piura y Cajamarca. De iniciarse la explotación, el proyecto afectará los ecosistemas de bosques y páramos que cumplen un rol clave en la captura, filtrado y distribución del agua, recurso esencial para la costa desértica del resto de Piura y los ríos que se extienden hacia el Amazonas.

A su vez, las eventuales consecuencias en el ambiente, el agua y el desarrollo del sector agrícola local generan gran preocupación a la comunidad. Hasta el momento, la fase de exploración ya ha derivado en faltas a la normativa de seguridad e higiene minera, violaciones a la protección del medioambiente, y una notoria ausencia de medidas que remedien los daños ambientales provocados.

Un patrón claro en el accionar de los bancos chinos

Estos casos dan cuenta de una serie de patrones de abusos a los derechos humanos por parte de las entidades financieras con domicilio o bajo jurisdicción de China que operan en América Latina. Cabe mencionar que las investigaciones fueron realizadas por una o varias organizaciones de la sociedad civil a partir de diversas fuentes, tales como estudios de impacto ambiental y/o denuncias y testimonios de organizaciones locales. Definitivamente, el brazo financiero de Xi Jinping opera sin miramientos en la región.