China al acecho de los recursos marítimos de Ecuador

A comienzos de 2022, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) presentó un informe intermedio del Examen Periódico Universal (EPU) de China, elaborado junto con el International Service for Human Rights y la Fundación Internacional de Derechos Humanos. La evaluación se enfoca en el nivel de implementación por parte de las autoridades chinas de seis recomendaciones vinculadas a la actividad empresarial y los derechos humanos que forman parte de las conclusiones del último EPU, presentado en 2018. En particular, se analiza el desarrollo de 26 proyectos operados o financiados por entidades chinas en distintos países de América Latina. 

Cabe destacar que el EPU es un mecanismo diseñado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de él cualquier país puede ser evaluado por otros gobiernos en materia de derechos humanos cada cuatro o cinco años. El estudio se apoya en las consideraciones del Estado y en los informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil. Cada documento incluye, a su vez, una serie de recomendaciones que el país evaluado puede aceptar -y asumir la responsabilidad de tomar medidas en esa línea- o bien puede rechazarlas. 

La última edición del EPU sobre China fue llevada adelante por Corea del Sur, Ecuador, Haití, Kenia, Palestina y Perú. El análisis pone el foco en el impacto socio-ambiental de los proyectos impulsados por el gigante asiático en todo el mundo. El informe intermedio presentado este año permite evaluar el estado de avance en lo que hace a las recomendaciones con un margen de tiempo que permite corregir la trayectoria de cara a la publicación del siguiente EPU. En el caso de China, el próximo documento debe presentarse en octubre de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Una flota pesquera china en aguas cercanas a Ecuador

Uno de los proyectos analizados en el informe de medio término emitido por el CICDHA es el desarrollo de la actividad pesquera ilegal por parte de una flota china en el área limítrofe de la Zona Económica Exclusiva del Ecuador. Durante los últimos cinco años una flota pesquera de alrededor de 340 buques de bandera china ha rondado las aguas próximas a la costa ecuatoriana. Estas embarcaciones utilizan técnicas de pesca que hacen peligrar a las especies migratorias incluidas en el listado de especies protegidas del Gobierno de Ecuador. 

La pesca ilegal por parte de China no solo amenaza a especies en alto riesgo de extinción, sino que también afecta a las personas y la naturaleza en múltiples niveles. Primero, la actividad pesquera afecta a animales protegidos por una variedad de convenios internacionales sobre biodiversidad marina y, especialmente, a aquellas especies catalogadas de alta migración. Ecosistemas sumamente sensibles -como las Islas Galápagos- también son víctimas de la explotación pesquera de China. Por otra parte, la flota asiática pone en jaque a la soberanía alimentaria de Ecuador en la medida en que una explotación excesiva pone en riesgo la sostenibilidad del recurso pesquero y, en consecuencia, el acceso a alimento de la población ecuatoriana. 

La flota es responsable de una reducción significativa de la biomasa de los mares. De hecho, la captura incidental de fauna silvestre en las pesquerías es una de las principales amenazas para especies como la tortuga marina. Asimismo, la captura incidental en redes y artes de pesca, así como también la ingesta o enredo en redes descartadas o pérdidas son dos de los motivos más comunes de la mortalidad de tortugas, lobos marinos, aves, rayas, delfines, ballenas, y otras especies de fauna marina. Otro grupo en peligro a causa de la flota son los tiburones migratorios que estacionalmente llegan a la Reserva Marítima de Galápagos. 

A su vez, la flota pesquera china produce grandes cantidades de contaminación química y orgánica en las aguas por donde circula, que luego es arrastrada por la corriente hacia las costas ecuatorianas y el archipiélago. Sin embargo, la polución excede a los residuos plásticos. Involucra la introducción de especies invasoras que podrían resultar devastadoras para un ecosistema tan frágil como el de las islas. Estas son especies microscópicas que podrían acabar con las especies endémicas del ecosistema insular. Otra de las problemáticas se asocia a la generación de grandes volúmenes de basura plástica que, al convertirse en microplásticos, suelen ser ingeridos por las especies marinas causando muertes por desnutrición crónica entre la fauna. 

Por otra parte, también está en juego el derecho a la alimentación de la ciudadanía ecuatoriana. La explotación excesiva de la fauna marina por parte de la flota asiática afecta directamente en la provisión de ese recursos para Ecuador. La población local -y, particularmente, los pescadores artesanales- se ve afectada por una menor disponibilidad y acceso a los alimentos. En la medida en que la flota de China no se atiene a las normas vigentes sobre veda y restricción de pesca por tamaño, género y especie, se genera un desequilibrio en el ecosistema que hace peligrar la sostenibilidad de la provisión de peces en aguas ecuatorianas.

Situación actual

En junio de 2022, el Gobierno de Ecuador informó que la flota extranjera suele ubicarse a 70 millas náuticas del límite de la Zona Económica Exclusiva de las Islas Galápagos. Según trascendió, la actividad pesquera está enfocada en la faena de calamar gigante. No obstante, todo tipo de especies que habitan o migran a través de las aguas cercanas a Galápagos son víctimas de la flota, tal como se mencionó anteriormente. La Cancillería ecuatoriana ya elevó un reclamo a las autoridades chinas sobre su preocupación acerca de la presencia y actividad de la flota pesquera. Pero dado que los más de 300 buques se mantienen en aguas internacionales, el Estado no puede intervenir tan fácilmente. 

Lo único que se encuentra al alcance de Ecuador es atenerse a los tratados internacionales que habilitan la inspección de embarcaciones en alta mar. No obstante, para ello requiere del consentimiento del Estado a quien pertenecen los buques -es decir, China-. Por ahora Beijing no ha mostrado señales de tener voluntad ni interés en negociar con Quito.  Por lo tanto, Ecuador ha optado por utilizar herramientas tecnológicas y la realización de patrullajes constantes para monitorear la actividad pesquera ilegal, no declarada y no regulada.