En ámbitos periodísticos, diplomáticos y políticos circula cada vez con más fuerza un rumor que pone nuevamente a la provincia de Neuquén en el centro de una compleja trama geopolítica: la República Popular China estaría planeando una segunda etapa de obras en su controversial base espacial ubicada en Bajada del Agrio, a 250 kilómetros de la capital provincial. Aunque fuentes consultadas del gobierno provincial y nacional no confirmaron haber recibido notificación oficial por parte de la embajada del país de Asia, la preocupación crece en diversas oficinas gubernamentales, especialmente tras las declaraciones que funcionarios chinos realizaron durante la última visita oficial a las instalaciones.
El dato que alimenta las especulaciones surgió durante la reciente visita de autoridades argentinas, tanto del gobierno nacional como provincial, a la estación espacial, cuando los anfitriones chinos mencionaron que estaba "prevista una segunda etapa de obras" dentro del predio de 200 hectáreas. Este comentario encendió las alertas en un contexto donde el gobierno de Javier Milei reorienta drásticamente su política exterior hacia Washington y se aleja de Pekín. Es en este contexto hostil para su intereses en Argentina, por lo que China habría decidido acelerar su proyecto de expansión de la base espacial.
Apenas hace días, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó abiertamente en Buenos Aires que Argentina "debería eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagar" el swap de monedas con China y así desligarse financieramente del gigante asiático. Estas declaraciones no son aisladas, sino parte de una estrategia sistemática de la administración Trump para desplazar la influencia china en América Latina, región que considera su zona natural de influencia.
Recordemos que la base espacial china en Neuquén, inaugurada oficialmente en 2017, representa la primera instalación de este tipo que Pekín opera fuera de su territorio nacional, otorgándole una ventaja estratégica considerable en la carrera espacial global. Con una antena parabólica de 35 metros de diámetro y tecnología de punta, la estación es crucial para misiones chinas como el alunizaje en la cara oculta de la Luna (Chang'E 4) y la recolección de muestras lunares (Chang'E 5). Sin embargo, desde su concepción, el proyecto estuvo envuelto en controversia por la naturaleza dual de su tecnología y por la vinculación directa de la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) con el Ejército Popular de Liberación de China.
El concepto de "tecnología dual" se encuentra en el centro del debate: equipos diseñados con propósitos científicos civiles pueden adaptarse para usos militares o de inteligencia. La gigantesca antena parabólica, aunque oficialmente destinada a comunicaciones con sondas espaciales en el "espacio profundo", técnicamente podría utilizarse para interceptar comunicaciones o realizar seguimiento de satélites militares. Esta ambigüedad intrínseca es precisamente lo que ha generado reiteradas preocupaciones desde Washington, expresadas abiertamente por figuras como la generala Laura Richardson del Comando Sur y el embajador Marc Stanley, quien declaró estar sorprendido de que "Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto".
La controversia se profundiza cuando se analizan las condiciones establecidas en los convenios firmados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la posterior adenda del gobierno de Mauricio Macri que especificaba el uso exclusivamente civil de las instalaciones. Según estos acuerdos, China tiene derechos sobre el predio por 50 años, la estación es operada exclusivamente por personal chino, y se establece que "la Argentina no interrumpirá ni interferirá las actividades normales" que se lleven a cabo en virtud del acuerdo. Más preocupante aún, para ingresar se requiere "autorización expresa del gobierno chino, mediante solicitud escrita remitida, como mínimo, con tres meses de anticipación", creando de facto un enclave con soberanía limitada en territorio argentino.